El Gobierno está dispuesto a estudiar alternativas al proyecto de ampliación de la V-21del proyecto.

Esa es la conclusión a la que ha llegado la asociación Per l'Horta después de reunirse con el delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, de quien obtuvieron un compromiso de mediar para que puedan reunirse con el secretario de Infraestructuras del Ministerio de Fomento o con el ministro José Luis Ábalos.

La de ayer era una reunión solicitada antes del verano, nada más producirse el cambio de Gobierno. Per l'Horta se opone totalmente a la construcción de un tercer carril entre el Carraixet y la entrada a València por la avenida de Cataluña debido a la destrucción de 80.000 metros de huerta, un proyecto, por cierto, al que también se opone el Ayuntamiento de València, que ha propuesto un plan alternativo que reduciría el impacto en un 60%.

Contradicciones

Pero la reunión de ayer, a la que también se sumaron la diputada de Podemos Rosana Pastor y la concejala de EU de Alboraia Marta Martín, dio una de cal y otra de arena. Al término de la misma, el delegado del Gobierno confirmó el interés de Fomento por «determinar entre todas las administraciones afectadas cuáles pueden ser las alternativas para las obras que tengan menor incidencia para el entorno».

«Venimos de un proyecto heredado muy avanzado en el tiempo», pero «el Gobierno está dispuesto a analizar cuáles son las opciones y las posibilidades de mejora que se podrían llevar a cabo», dijo.

Así mismo, el delegado se ha comprometido a mediar ante el ministerio para que los integrantes de Per l'Horta puedan reunirse con el ministro, al que «le preocupa y le ocupa» este asunto.

Pero más allá de esas palabras, ningún hecho. Según uno de los miembros de la asociación presentes en el encuentro, Lluís Fontelles, Juan Carlos Fulgencio no se comprometió ni a paralizar las obras ni las expropiaciones previstas para la semana que viene.

«Nos ha dicho que los temas no están cerrados y no cierra la puerta a posibles modificaciones, pero tampoco paraliza nada», dijo Fontelles, que asegura que en cierta manera se trata de una postura «contradictoria».

Per l'Horta recuerda que el Ayuntamiento de València ha presentado una alternativa que reduce un 60 % el impacto sobre la huerta y ha sido rechazada porque la ley obliga a dejar 8 metros de servidumbre. Así pues, no ve qué otra cosa se puede hacer. Una opción, sugiere personalmente, sería no hacer el carril de salida.

Lo único positivo del encuentro, explicó, es el compromiso de ponerlos en contacto directo con el ministerio. Para el Ayuntamiento de València, en cualquier caso, las declaraciones del delegado del Gobierno son bienvenidas porque suponen «un cambio de actitud del Gobierno respecto a la V-21».

Según fuentes de alcaldía, «no solo era deseable, sino también del todo posible, aunar los intereses de los valencianos». Para el consistorio se trata de una «infraestructura necesaria» a la que se le puede dar un trazado alternativo que no destruya huerta.