La Comisión de Hacienda aprobó ayer la amortización adelantada de los últimos 29,6 millones de euros que quedan por pagar del crédito ICO de 183 millones que el Gobierno le dio al Ayuntamiento de València en 2012 para pagar a los proveedores.

El adelanto de este dinero permitirá al consistorio salir del Plan de Ajuste que llevaba aparejado aquel crédito, uno de los «corsés» que han lastrado la economía municipal en los últimos años, ya que no se podían pedir créditos ni era posible crear organismos o empresas publicas.

La amortización de la deuda no salió adelante, sin embargo, con los votos del PP y Ciudadanos, que se abstuvieron en la votación, como probablemente harán en el pleno del próximo jueves que aprobará la medida.

Argumentos en contra

El Partido Popular ya dijo en su día que salir del Plan de Ajuste podría aumentar el gasto municipal, una de las claves de que la economía valenciana se haya estabilizado en estos años, afirman.

Por su parte, el grupo de Ciudadanos comprende que el ayuntamiento se salga del Plan de Ajuste, pero reclama una rebaja de los impuestos. De hecho, en las alegaciones a la nueva Ordenanza Fiscal de 2019 propone una bajada lineal del IBI del 7%, volver a las bonificaciones a las familias numerosas y reducirlo a los grandes centros culturales del centro.

En los últimos años, la reducción de la deuda global ha sido uno de los caballos de batalla del Govern de la Nau. Concretamente, en los últimos tres años se ha reducido en más de trescientos millones de euros, dejándola a finales de este ejercicio 2018 en 446 millones, un 52% del presupuesto municipal.