Años de legislación conservadora, gobiernos cómplices de privilegios particulares, instituciones ocupadas por serviles timoratos, nuevos cargos electos con bandera de «cambio» y cuerpo de acomplejado posibilismo... Suponen ya demasiadas rémoras históricas y escasa o nula voluntad para empezar por fin a cambiar las cosas. No deja de ser cierto que, cuando la ley está escrita por quien no quiere que nada cambie, puede ser difícil avanzar para transformar. Pero difícil no significa imposible, y lo que está demostrando el alcalde de València respecto a la cuestión de Benimàmet es, cuanto menos, un desafortunado sometimiento a las consignas del PP. Con el lema «amb valentia» irrumpió hace tres años hablando de la elección directa de la alcaldía de las pedanías, o de que estos núcleos de población debían tener «todo lo que les corresponde» y «poder mantener la calidad de vida propia de un pueblo»... En definitiva, se hablaba de un camino evidente hacia la figura de la Entidad Local Menor que recoge la Ley de Régimen Local como mecanismo para mejorar servicios municipales deficientes. No olvidemos que esta es la principal reivindicación en Benimàmet.

Bien es cierto que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local, ideada por Montoro en 2013 para combatir el sector público, impediría su creación. Pero también es cierto que la disposición transitoria de esa misma ley avalaría la ELM de Benimàmet dado que el movimiento vecinal inició este trámite antes de 2013.Quienes conocemos la vida en Benimàmet sabemos que ésta no es una cuestión segregacionista, sino de justicia social. Con sus más de quince mil habitantes, sigue precisando mejores condiciones de vida y servicios públicos.

Tal y como viene reivindicando EU -con Rosa Albert y Amadeu Sanchis desde el Ayuntamiento en la anterior legislatura- y en la actualidad desde fuera del consistorio, las ELM permiten subsanar las dificultades en núcleos vecinales separados, acercando el gobierno municipal, fortaleciendo la participación ciudadana y la democracia directa. Por todo esto y por la mejora de las condiciones de vida de las personas en toda la ciudad, el gobierno de Joan Ribó debería cumplir sus compromisos y estirar hasta el límite la interpretación legal de cualquier precepto. Pero parece que prefiere escudarse en la interpretación que el PP hace de la norma en vez de buscar la más favorable a la ciudadanía.

Solo es un poquito de rebeldía, no demasiada, pero sí la mínima exigible para quienes quieren llamarse a sí mismos «del cambio» o incluso «de izquierda». Al menos, el gobierno de la Nau debería hacer gestos sencillos para mostrar su verdadera voluntad de apostar por la descentralización, desmarcándose de la interpretación que el PP hace de las leyes, y dejando de lado la fórmula de los programas electorales pseudorevolucionarios para después gobernar como auténticos conservadores. Así nunca cambiará nada. Veremos ahora -aunque a destiempo y por intereses puramente electoralistas- quién se suma a esta propuesta que nosotros y nosotras aplaudiremos.