13 de octubre de 2018
13.10.2018

El Consorcio responde a Bruselas que el Estado solo financió obras

La respuesta remitida al ministerio justifica la condonación de la deuda anunciada por el Gobierno

12.10.2018 | 22:01

El Consorcio Valencia 2007 ya ha remitido el Ministerio de Exteriores la respuesta a la petición de más información que planteó al Gobierno la Comisión Europea, dentro de la investigación por las ayudas a la Marina de València, tras anunciar Pedro Sánchez la condonación de los 400 millones de euros que prestó el ICO para la Copa del América. El equipo directivo del CV2007 ha elaborado una respuesta «sólida» para remitir a la Comisión Europea en la que explica que las ayudas estatales recibidas se destinaron a pagar las obras de un evento de interés público como se hizo con las Olimpiadas de Barcelona o la Expo de Sevilla.

Añaden que el Consorcio está haciendo frente a sus deudas a través de los recursos que genera la Marina de València, donde no se ofertan servicios, como los amarres, por debajo de los precios de mercado. El Consorcio insiste en que la Marina de València «no altera el mercado», como argumenta la empresa que gestiona un puerto deportivo privado de la Pobla de Farnals que ha denunciado al Consorcio.

El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) ha jugado un papel protagonista en la negociación con el Gobierno central para resolver el problema de la deuda millonaria que ha lastrado durante años la Marina de València y cuya condonación anunció Pedro Sánchez el pasado mes de agosto. La asunción de la deuda por parte del Estado no incluiría los 60 millones del préstamo con el Banco Santander (adquirido este año por un fondo oportunista americano) para cubrir la variación de los intereses del crédito del ICO. El ayuntamiento y la Generalitat confían en que la condonación se concrete en la próxima reunión del consejo rector, para el que aún no hay fecha. El IVF ha desarrollado, junto con los responsables del Consorcio, el plan de viabilidad económica de la Marina de València, donde se baraja una nueva fórmula de gestión más ágil que el consorcio, en concreto, una sociedad mercantil formada por la Generalitat y el ayuntamiento. El Gobierno no vería, a priori, con malos ojos esta opción, que evitaría quebraderos de cabeza como la investigación que abrió en 2017 la Comisión Europea y que ahora se ha reactivado tras el anuncio de condonación de la deuda.

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