Los informes económicos que maneja el Ayuntamiento de València sobre los bloques portuarios (antes grupo Ruiz Jarabo y ahora Manuela Solís) del Cabanyal apuntan a que en cualquiera de los escenarios factibles que se barajan para este degradado conjunto de viviendas (rehabilitación integral o derribo y reconstrucción) los propietarios de viviendas deberán asumir buena parte del coste de la intervención. En el caso de que los bloques, ubicados en la línea de los derribos de la derogada prolongación de Blasco Ibáñez, se estima que los propietarios de viviendas deberán asumir un desembolso de alrededor de 53.000 euros, siempre que la intervención pueda acogerse a las líneas de ayudas del Gobierno a través de los programas de Áreas de Rehabilitación (ARRU). De no ser así la cifra sería más alta. En el caso de que el ayuntamiento decida que los bloques se derriban y se reconstruyen, los propietarios también deberán comprar, al menos una parte, de las nuevas viviendas.

Para la mayoría de los propietarios que aún viven en los bloques el pago de esta cantidad es prácticamente inasumible, apuntan fuentes conocedoras de la situación social de estas familias. Para ellos la opción podría ser una permuta, esto es, dejar los bloques y trasladarse a una de las viviendas municipales diseminadas que existen en el barrio.

La casuística de los bloques portuarios es compleja. De las 160 viviendas que hay, 91 son propiedades privadas y 77 son de titularidad pública (adquiridas en su momento, y en su mayoría, por la Generalitat para la apertura de Blasco Ibáñez). De todas ellas, hay 45 vacías, 52 ocupadas ilegalmente, 44 en las que viven sus propietarios legales y 21 son alquileres.

A los dueños que ya no viven en los bloques se les ofrecerá la posibilidad de comprar los pisos ya sean de nueva construcción o rehabilitados.

Aunque los informes jurídicos que se han elaborado a partir de los informes realizados por el Instituto Valenciano de la Edificación y los estudios arquitectónicos del propio ayuntamiento barajan un tercer escenario para los bloques que es mantenerlos fuera de ordenación, es decir, expropiarlos y derribar al final de su vida útil, este se da prácticamente por descartado. Los socios del Govern de la Nau (Compromís, PSPV y València en Comú) deberán ahora tomar una decisión política para los bloques portuarios, tomando además en consideración la postura de la Generalitat propietaria de buena parte de las viviendas.

El coste en todo caso de la intervención en los bloques no bajará de los 10 millones de euros y podría llegar hasta los 15, teniendo en cuenta los imprevistos que pueden surgir en la rehabilitación de este conjunto de los años 50.

En relación a los ocupas ilegales que viven en los bloques podrán acogerse, si reúnen las condiciones, al reglamento que permite regularizar su situación si la ocupación se produjo antes de 2015. El reglamento aprobado por la Generalitat en abril de 2017 contempla la posibilidad de que los ocupas de viviendas públicas puedan quedarse legalmente en ellas si cumplen determinados requisitos como ser familia numerosa, estar en riesgo de exclusión, tener alguna discapacidad, desempleados, mayores de 60 años y víctimas de violencia machista. La Generalitat entiende que desde su llegada al gobierno las ocupaciones ya no están justificadas al existir alternativas gracias a las nuevas políticas de vivienda.

La Generalitat cifró en 500 las viviendas públicas ocupadas ilegalmente, parte de las cuales se encuentra en los bloques portuarios. La dirección general de Vivienda ya ha advertido en las reuniones que se han ido manteniendo con los vecinos de los bloques portuarios de que no habrá para ellos un trato diferente.