El titular del Juzgado de Instrucción 9, Miguel Ángel Casañ, ha confirmado el archivo de la denuncia del PP y de los concejales del grupo municipal popular contra el alcalde de València, Joan Ribó, por denegarles información sobre la encuesta sociológica de las Fallas. Los ediles populares presentado un recurso de reforma ante el propio juzgado para que se siguiera investigando al alcalde y rectificara el sobreseimiento libre (si se confirma la causa no podrá volverse a reabrir) de la denuncia presentada por los populares.

En el archivo de la causa, como recuerda el juez en un auto facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, ha pesado la declaración del secretario municipal responsable de la secretaría general (que incluye el servicio de cultura festiva) y el área de alcaldía quien declaró que las decisiones del alcalde siempre contaron con su asesoramiento, en el que no recibió ninguna instrucción. El secretario municipal, en el puesto desde mayo de 1998, incluso destacó que tanto el actual regidor como la anterior alcaldesa siempre han tenido una confianza ciega en su asesoramiento profesional y cuyo cometido es que todas las decisiones sean ajustadas a derecho.

Por tanto, para el titular del Juzgado de Instrucción 9 hay "falta de concurrencia" de los requisitos que dicta la propia ley y que los denunciantes invocan para "poder calificar como delictiva la conducta" de Ribó y recuerda que los recurrentes denuncian que pudo incurrir en "prevaricación administrativa por haber podido impedir a los concejales denunciantes el legítimo ejercicio de los derechos cívicos". Pero no lo ve igual el magistrado ya que, recuerda en el auto, "quedó acreditado" que el alcalde "carece de conocimientos técnicos suficientes en materia jurídica que puedan sustentar decisiones con alcance legal o reglamentario", así como que sus decisiones en ese ámbito administrativo "venían precedidas de los informes elaborados" por el secretario general del Ayuntamiento.

El magistrado sí da trámite al recurso de apelación presentado tanto por los ediles populares como por el PP para que se reabra la causa y que deberá resolver la sección cuarta de la Audiencia de València.