El grupo municipal de València en Comú alertó ayer del descontrol con los apartamentos turísticos en la ciudad, donde pese a la entrada en vigor de la nueva Ley de Turismo y la moratoria de Ciutat Vella este tipo de alojamientos turísticos no ha hecho más que crecer.
Según los datos recabados de distintos portales especializados por València en Comú en apenas cuatro meses, desde julio a noviembre, se han dado de alta 1.390 nuevos apartamentos turísticos en la ciudad, lo que supone un 14,2 % más, elevando la cifra hasta 11.150 en toda la ciudad.
Los apartamentos turísticos han seguido creciendo ignorando los parámetros marcados por la nueva ley, apunta la formación política, socios del Govern de la Nau junto con Compromís y València en Comú.
La nueva normativa establece que los propietarios que quieran dar de alta un apartamento turístico en el registro de la Agencia de Turismo necesitarán un informe de compatibilidad urbanística favorable del Ayuntamiento de València, que solo permite este tipo de actividad en las primeras plantas de los edificios residenciales, salvo en Ciutat Vella, donde sido vetados. La delegación de Urbanismo ha tramitado en estos meses apenas 14 permisos de compatibilidad y en todos los casos se han rechazado.
Pocos funcionarios
Los distritos turísticamente más saturados son Ciutat Vella, Extramurs, Poblats Marítims y l’Eixample donde se concentra el 58 % de los apartamentos turísticos. Según los cálculos de València en Comú, cada inspector debe controlar 60 hoteles y 4.800 viviendas turísticas valencianas. La Generalitat solo tiene 13 funcionarios para vigilar 528.000 plazas de alojamiento en plena guerra contra la oferta ilegal.
Teniendo en cuenta que a 31 de diciembre de 2017 la autonomía tenía 528.025 plazas de alojamiento reglado (un 13% más que el año anterior), salen a 40.617 por cabeza. Cada dirección territorial tiene 25 funcionarios que asisten en tareas administrativas a los trece inspectores, pero no dan abasto.
Los cuatro inspectores con que cuenta la provincia de València realizaron el año pasado 847 inspecciones y pusieron 417 denuncias. Según informaron fuentes de la Agencia Valenciana de Turismo, «en estos momentos la provincia de València cuenta con cuatro inspectores, duplicando la cifra con la que contaba hasta hace sólo un par de meses». Una cifra más que insuficiente para poder hacer cumplir la ley de turismo y evitar que la especulación turística expulse a los vecinos de sus barrios, apunta València en Comú.
Ante estas cifras, València en Comú propuso ayer la creación de un cuerpo especializado de inspectores de viviendas turísticas municipal, con el objetivo de controlar la proliferación descontrolada de este tipo de viviendas. Este tipo de alojamientos retiran viviendas del mercado del alquiler para introducirlo de manera irregular en el sector turístico, lo que influye en el alza de las rentas de alquiler.
Además, estos generan molestias y problemas de convivencia en los barrios donde se establecen. Por tanto, se hace necesario la implementación de medidas de control frente a la proliferación ilegal de estos alojamientos, reclama a la Generalitat el grupo de València en Comú.
