Derribar y reedificar. Esa es la solución que el concejal de Desarrollo Urbano, Vicent Sarrià, defenderá para los bloques portuarios del Cabanyal ante sus socios de Gobierno de Compromís y València en Comú, cuya portavoz, María Oliver ya ha mostrado su apuesta por mantener el edificio dándole un lavado de cara.
Sarrià informó ayer en rueda de prensa de los tres escenarios que maneja el ayuntamiento, con un coste que oscila entre los 9,6 y 14,3 millones de euros, tras haber realizado los correspondientes informes estructural, jurídico y económico del inmueble, con 168 viviendas, muy degradado y con un alto nivel de ocupación.
El anterior plan del Cabanyal , ya derogado, dejaba fuera de ordenación los bloques portuarios, condenándolos a su desaparición al estar en la línea de la prolongación de Blasco Ibáñez. Dentro de la tramitación del nuevo plan, el Govern de la Nau ha decidido reconsiderar el futuro de estos bloques, si bien las diferentes posturas entre los socios de gobierno dificultan, para desespero de los vecinos, la solución definitiva.
El primer escenario que maneja el ayuntamiento y que se da casi por descartado es el de mantener los bloques fuera de ordenación y derribarlos al final de su vida útil expropiando a los propietarios. Esta es la opción más económica (9,6 millones de euros).
La rehabilitación integral, previa consolidación estructural, es la opción más cara (14,3 millones de euros). El derribo y reedificación, en una volumetría que se concretará a posterior, costaría 13,7 millones de euros. Para Sarrià esta es la mejor opción para los propietarios. La reforma que propone Valencia en Comú, cifrada en dos millones de euros, no es viable para Sarrià.
«El edificio necesita una rehabilitación estructural integral, no una pequeña reforma». Los informes técnicos y estructurales, con pruebas de laboratorio y catas, recalcó Sarrià, «son incontestables» En los bloques portuarios hay zonas ruinosas antes las cuales se debe actuar de forma urgente, dijo el concejal. «Aquí no pueden venir Pepe Gotera y Otilio y hacer un arreglo», ironizó Sarrià.
El concejal aseguró que el ayuntamiento «no va a dejar a nadie en la calle, pero tampoco va a regalar casas». Tampoco vamos a dar ayudas a fondo perdido porque sería una ilegalidad. De hecho los propietarios legales tendrían que hacer frente a un desembolso cercano a los 80.000 euros (del que habría que descontar las ayudas estatales). Las opciones para los que no puedan hacer frente a esta cantidad se barajan opciones jurídicas distintas, desde la permuta, a la hipoteca inversa e incluso la posibilidad de incluir el coste de la rehabilitación como carga en el registro de la propiedad para cobrarla en el momento en que la propiedad se venda.
La situación social de las familias que viven en los bloques es variada y el ayuntamiento apunta que analizará caso por caso. Si finalmente hay acuerdo para demoler los bloques, el gobierno asumirá la gestión directa de la urbanización mediante un plan de actuación aislada que contemplará realojos para 65 viviendas ocupadas por propietarios e inquilinos legales y ocupas legalizables (aquellos que lo son con anterioridad a 2015).
De las 168 viviendas de los bloques, 77 son de titularidad pública y 91 privadas. En los bloques hay unas 50 viviendas (públicas y privadas) ocupadas ilegalmente. 44 vacías, 21 alquiladas y 45 en las que viven sus propietarios legales.
