La portavoz socialista en el Ayuntamiento de València y líder del PSPV local, Sandra Gómez, aseguró ayer que existe «un compromiso indiscutible con todas las personas afectadas» en el Bloque Portuarios, aquejados de graves deficiencias en su estructura. Así, la compañera del edil de Urbanismo, Vicent Sarrià, se comprometió públicamente con los propietarios de estas viviendas. «Nadie que tenga derecho se va a quedar fuera porque no puede hacer frente a la reforma», dijo Gómez, en referencia a los 80.000 euros por vivienda que podría costar el derribo y reedificación de los edificios, sin contar con las posibles ayudas públicas que podrían recibir.
«Se habla mucho de los edificios y poco de las personas, y tengo que decir que los socialistas vamos a estar siempre al lado de las personas, porque es lo que nos preocupa de verdad. Por encima de todo queremos garantizar la seguridad de los propietarios, y tenemos que aclarar que los informes presentados por el concejal Sarrià no son los del PSPV, sino los que ha marcado el Instituto Valenciano de la Edificación, que es el que determina los problemas estructurales y los precios», señaló la concejala socialista.
Por ello, Sandra Gómez insistió en que buscarán «garantizar la vivienda» de todos los propietarios y que «ni una sola persona se quedará fuera porque no pueda pagar los gastos de la rehabilitación».
Por ello, se comprometió a «buscar soluciones individuales» para cada uno de los propietarios para que todos disfruten de una vivienda «digna, más segura, en condiciones y nueva». Hay que recordar que el Ayuntamiento de València aún debe pronunciarse sobre la demolición o la rehabilitación, que es la opción que defiende València en Comú con unos precios mucho más bajos.
Sobre las críticas de la Plataforma de propietarios del Bloque Portuarios del Cabanyal a las soluciones propuestas por el concejal Vicent Sarrià, Gómez dijo que entre los dueños «hay diferentes posicionamientos», pero que lo peor ante este problema sería «no hacer nada y dejarlo todo como está». «Nuestra posición política es la de la responsabilidad de actuar ante un problema así», señaló.
Entre tanto, la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, Mª José Salvador, hizo ayer un «llamamiento a la seriedad y el rigor» a la hora de hacer propuestas y aseguró que «con los informes en la mesa» se tomará la mejor decisión «consensuada» entre las diferentes administraciones.
En alusión a València en Comú, la consellera ha advertido que «no se pueden hacer propuestas de reformas menores en Bloques Portuarios ni decir que por 400 euros eso se reforma, cuando precisamente quien hace esa propuesta sabe que en el marco del Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) del Plan Cabanyal estamos hablando de 1.800 euros la reforma por metro cuadrado»
