La futura ley de Transición Ecológica que anunció el lunes el Gobierno de España prohibirá la venta de vehículos diésel y de gasolina a partir de 2040, pero también obligará a las ciudades de más de 50.000 habitantes a contar con «zonas de bajas emisiones» antes de 2023, una iniciativa dirigida a reducir considerablemente los niveles de contaminación.
El concejal de Mobilitat Sostenible de València, Giuseppe Grezzi, aseguró ayer que el Ayuntamiento «no tiene sobre la mesa» la implantación de esta zona, sino la puesta en marcha de la primera Área de Prioridad Residencial (APR) en el centro histórico, lo que consolidará «la reducción de contaminación que ya hemos logrado con las actuales restricciones y las medidas de urbanismo táctico empleadas», aseguró.
«Si hay consenso social se estudiará en el futuro si se crean zonas de bajas emisiones, pero ahora no está encima de la mesa. Además en el centro histórico ya hemos conseguido grandes resultados con la reducción de coches y el urbanismo táctico, reduciendo considerablemente los niveles de contaminación, algo que se consolidará con la nueva APR y las cámaras de control de acceso. No tenemos la emergencia de otras ciudades como Madrid o Barcelona, pero sí necesitamos planes metropolitanos para frenar la entrada de coches, y eso requiere la inversión del Estado que ahora apenas tenemos (10 millones en 2018)», argumentó ayer el concejal de Movilidad.
Según Grezzi, el Gobierno ha de poner las bases para que los ayuntamientos puedan hacer estas zonas de bajas emisiones «con planes de financiación de transporte público y de las áreas metropolitanas, con propuestas como carriles VAO de alta ocupación, y también se ha de dar alternativas. Pero sin recursos no se puede hacer», reclamó.
Lo que sí está al alcance del Ayuntamiento de València es la apuesta por el vehículos eléctrico, pero ésta ha sido, hasta ahora, tímida. «Desde el 1 de enero de 2016 ya se bonifica el 75 % del impuesto de circulación a los eléctricos, y no se llega al 100 % porque la ley estatal no lo permite», sostiene el edil de Movilidad, que sin embargo anuncia una potente inversión: «De aquí a poco saldrá la licitación de los 12 puntos rápidos de recarga, se está terminado el plan porque van acompañados de un plan de ingeniería. Son de carga rápida, de 50 kw, es decir, en 20 minutos se podrá carga hasta el 80 % de la batería. Se licitarán y se instalarán antes de acabar el mandato. Es un compromiso personal. En Brujas hay 40 puntos iniciales de recarga lenta, pero todo el aparcamiento está preparado para que sea para eléctricos. También tendremos puntos de recarga para las cargobike y el reparto de última milla».
El concejal de Compromís explica que aún «está pendiente de definir si se cobrará por la recarga o no» en el aparcamiento de Brujas o cómo funcionarán los 12 puntos rápidos de recarga.
La EMT apuesta por híbridos
En cuanto a la electrificación de la flota de la EMT, Giuseppe Grezzi asegura que ha de ser un proceso progresivo (porque es una tecnología nueva) y que, sobre todo, hace falta más financiación estatal.
«A final de mandato tendremos 131 autobuses nuevos, todos híbridos y un par eléctricos. Pero con los eléctricos estamos de pruebas, porque no llegan a cubrir aún una jornada completa. En otras ciudades prueban con estaciones de carga por oportunidad, que cuestan un millón de euros. Nosotros eso no podemos hacerlo porque no tenemos capacidad económica».
Grezzi insiste en que es una cuestión de recursos: «Este año solo recibimos 1,5 millones más del Estado que otros años, en total 7,5 millones. Antes ya recibíamos 6, pero nos han quitado esa subvención para darnos la de 7,5 millones, así que solo hemos ganado 1,5 millones. Necesitamos la inversión de 38 millones para el transporte metropolitano, lo que supondrían unos 8 millones más para la EMT
