esta semana se llevó al Pleno municipal la cuestión de la entidad local menor (ELM) de Benimàmet, antigua reivindicación vecinal que busca mejorar los servicios públicos, la calidad de vida y la democracia directa. Por supuesto, es positivo que se escuchen las demandas vecinales y que empiecen algunos trámites que encaminen esta situación, pero es evidente que el gobierno de Ribó debería llevar a cabo sus compromisos, con firmeza y más allá de las cuestiones estéticas y los intereses electoralistas. Así que es necesario contextualizar. Esquerra Unida siempre ha apoyado la derogación de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, por ser en su totalidad un claro ataque al sector público. Esta llamada Ley Montoro supone un escollo para la creación de nuevas ELM. Pero éste no sería el caso de Benimàmet, al haber iniciado los trámites en 2001, ya que esa misma Ley deja más que claro que aquellas que hubieran iniciado su pretensión antes de 2013 podrían continuar su trámite.

Lamentablemente, la propuesta del gobierno tripartito en el Ayuntamiento se ha quedado tan solo en instar a la modificación de la Ley Montoro respecto a la creación de ELM y estudiar un aumento de competencias sobre la pedanía de Benimàmet.

Esta proposición podríamos calificarla como sencillamente vacía. La primera de las peticiones ya ha quedado claro que tiene poca trascendencia para el caso de Benimàmet, pero la segunda podría calificarse directamente como un incumplimiento de los compromisos adquiridos. Si nos quieren hacer creer que la creación de la ELM debe pasar por la Generalitat, hay que recordar que la propia Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat afirma que la iniciación de los trámites de la creación de la ELM y su resolución dependerá del propio Ayuntamiento. Pero, claro, eso supondría que el gobierno municipal tuviera una voluntad real de hacerlo, y hasta el momento sigue sin demostrar que esto sea así.

Sí que es cierto que la misma ley afirma que será necesario solicitar un informe previo a la Diputación de València. Pero nada dice que deba ser vinculante, ni siquiera que deba ser favorable.

Con todo esto, pedir un estudio de aumento de competencias cuando el Ayuntamiento de València está capacitado por todas las leyes para iniciarlo y resolverlo favorablemente, parece otra forma de aparentar hacer algo para justificar la inactividad y falta de voluntad. Casualmente, a escasos meses de las elecciones. Llegados a este punto, desde EUPV no nos queda más que reafirmarnos en que el Ayuntamiento sigue sin trasmitir ningún «firme compromiso» con Benimàmet, más bien una completa batería de excusas y trámites burocráticos para no cumplir los compromisos adquiridos. Si el gobierno municipal rectifica, lo aplaudiremos. Pero, en cualquier caso, llegaría tarde, muy tarde, tan tarde que en esta legislatura ya no será posible algo que podría haberse resuelto en el primer año de un «gobierno del cambio» que, lamentablemente, tan pocas cosas ha cambiado.