El juzgado de instrucción número 18 de València obligará al concejal de cultura festiva, Pere Fuset, a declarar en calidad de investigado dentro de las diligencias que se desarrollan desde hace año y medio con motivo del accidente mortal de un trabajador durante el montaje de gradas en Viveros en la Gran Fira del año 2017. La cita será el 11 de enero y, una vez finalizada la instrucción, se dictaminará si se le exime de las responsabilidades o si pasa al juicio oral como procesado. Será la segunda vez que el edil tiene que declarar en esa condición, después de hacerlo el pasado mes de octubre por el caso de la pasarela de la Ofrenda, y será, además, la séptima causa en su contra y la tercera que permanece abierta tras el archivo de cuatro de ellas.
Se trata de un nuevo episodio y un nuevo giro dentro de la instrucción del accidente, puesto que se produce meses después de que la Fiscalía desaconsejara dicha imputación. Una condición que, por contra, reclamaba la acusación particular (representante de la familia del operario fallecido), aunque parece que se realiza a petición de uno de los promotores imputados.
Un largo proceso
La imputación se produce, por otra parte, después de un largo proceso de declaraciones y periciales que empezaron tras el accidente. Hasta ahora, la imputación recaía tan sólo en los promotores musicales que habían contratado y obtenido la cesión del espacio.
Los acontecimientos se han ido sucediendo porque, por ejemplo, a consecuencia del accidente hubo una actuación de la Inspección de Trabajo, de la que se supo hace apenas unos días que imponía una multa al ayuntamiento de 40.000 euros por infracción muy grave al producirse una divergencia técnica entre considerar la cesión como una «prestación de servicios» y no como una «obra», por lo que no hubo un estudio de seguridad ni la figura del coordinador de seguridad.
La Fiscalía no ve motivos
Posteriormente a la inspección, la fiscalía desaconsejó al juez la imputación del concejal, al considerar que la condición de edil no es razón para imputarlo penalmente, al estar la contratación y los términos de la misma lejos de su ámbito de actuación.
El titular del juzgado, sin embargo, ha desoído el criterio de la fiscalía y lo ha citado a declarar en los albores del año 2019. Esa falta de indicios que contempla la fiscalía es, en principio, la mejor baza para el concejal.
El accidente de Viveros se produjo el 27 de junio de 2017, cuando se estaban preparando las gradas que debían ambientar los conciertos de la Gran Fira. En aquella ocasión se pensó en crear una zona de graderío para dar dos calidades a los asistentes a los conciertos, con precios diferentes a los que lo veían de pie, junto al escenario.
En el transcurso del montaje se produjo el accidente, a consecuencia del cual falleció el operario unos días después. Que estas circunstancias no se conocieran hasta días después provocó una notable polémica e incluso un cruce de acusaciones entre socios de gobierno. Así, Fuset acusó a su colega de Policía Local, Anaïs Menguzatto, de no haberle informado, ésta le acusó de falta de lealtad institucional porque la Policía Local había actuado, según dijo, con protocolos correctos. Así mismo, también llamó la atención el contrato entre promotores y ayuntamiento: en él aquellos se hacían responsables del montaje y desmontaje de las gradas, pero la firma del mismo era el 2 de julio, días después del siniestro. Al año siguiente se decidió no instalar gradas.
Mismo juzgado que el «pitufeo»
Se da la curiosa circunstancia de que el juzgado que instruye la causa es el 18; es decir, el mismo que investiga el caso Taula, que tiene investigados desde hace más de tres años a la totalidad del grupo municipal popular salvo a Eusebio Monzó. El edil no quiso ayer hacer declaraciones a respecto, apelando al «respeto a la justicia» y, por consiguiente, a que ésta siga su curso.
