El Ayuntamiento de València aprobó el pasado jueves en el Pleno por unanimidad de todos los grupos políticos el primer Plan de Servicios Sociales para la ciudad, que se ha diseñado para el periodo 2019-2023 y que cuenta con la implicación de hasta 28 servicios municipales. Es decir, se trata de un programa transversal en el que todas las concejalías implicadas deberán rendir cuentas anualmente y que cuenta con un presupuesto específico para el próximo año de 1,6 millones euros, el 25 % de las acciones previstas, mientras que el 75 % restante se abordará con recursos propios del consistorio.

La concejala de Bienestar Social, Consol Castillo, presentó ayer el plan y sus objetivos, que como principal misión ha de servir para ofrecer recursos y soluciones al 30 % de la población de la ciudad. Este tercio de vecinos son pobres, según un informe de la Universitat de València realizado en 2016, que indica que viven en riesgo de exclusión social. Las alarmantes cifras hacen necesario un programa coordinado de acción de todo el gobierno para paliar las situaciones más extremas. «Suena fuerte, pero València es una ciudad pobre», ha lamentado la edil.

Entre las acciones concretas que el Plan de Servicios Sociales quiere poner en marcha está la de aumentar los recursos para las personas sin techo. Y aquí el Govern de la Nau anuncia un nuevo rumbo en su política asistencial, ya que hasta ahora se ha basado la creación de más plazas en los albergues municipales, pero no es una fórmula que haya conseguido que todas las personas sin hogar dejen la calle. «Muchas de las plazas actuales se quedan vacías en la operación de invierno, y es porque este tipo de personas reclaman mayor autonomía. Muchas veces van acompañados de animales y otras sufren enfermedades mentales que les dificultan su estancia en un albergue, por lo que la apuesta es la de aumentar la oferta de viviendas tuteladas para mejorar su autonomía», avanzó Consol Castillo.

La concejala no ofreció cifras concretas, pero el objetivo del Govern de la Nau podría ser doblar la oferta actual, que es entre 30 y 40 viviendas tuteladas según la época del año, la mayoría gestionadas por Sant Joan de Déu. «Serían pisos de baja exigencia que cuentan con la supervisión de los técnicos de servicios sociales, pero es un trabajo complicado pues se ha de hacer bien, ya que las viviendas deben ser adecuadas desde todos los puntos de vista», señaló la edil de Compromís. En la rueda de prensa estimó en una treintena los pisos que se podrían acondicionar para este programa. Como ejemplo señaló que Casa Caridad está aumentado este tipo de recurso ante los buenos resultados que ofrece, porque al final de lo que se trata es de que las personas sin hogar abandonen las calles y traten de reintegrarse en la sociedad.

Otro tipo de acciones previstas en el Plan son el apoyo a familias con menores en situación de riesgo o una mayor incidencia en aquellos barrios donde se conocen más casos de personas vulnerables, como Orriols, Natzaret o el distrito de Quatre Carreres, además del Cabanyal. Para estas zonas se prevén acciones concretas de inserción socio laboral.

Otro aspecto importante y ya anunciado es la ampliación del número de centros de servicios sociales. De los 11 actuales se quiere pasar en 2019 a 13, con el nuevo centro ya en obras de La Saïdia y la construcción de uno nuevo en el Cabanyal, que se espera que esté habilitado a mediados de 2019. Además, se va a iniciar un estudio de detalle para la apertura de otro local en Benicalap, que serviría para descongestionar el centro de Campanar, el que más personas atiende en toda la ciudad.

El Plan también prevé optimizar los recursos del ayuntamiento, que cuenta con 330 trabajadores sociales. Se trabajará en su conjunto desde una perspectiva de género, porque la población pobre de la ciudad tiene un perfil mayoritario femenino, al igual que las personas mayores.

Otra de las conclusiones del diagnóstico previo que realizó la Universitat de València es que la ciudad está «decreciendo» desde el punto de vista vegetativo, por lo que la población migrante, con mayor tasa de natalidad, sostendrá el sistema en el futuro. «Aquellos que criminalizan a los migrantes hoy a lo mejor acaban pagando para que vengan en un futuro a sostener el estado de bienestar», ha asegurado Consol Castillo.