El Grupo Municipal Popular lanzó ayer un órdago a los socios de gobierno, especialmente a PSPV y València en Comú (ValC), a obligarles, en el pleno municipal de diciembre o de enero, a aceptar o no una comisión de investigación «en aras a la transparencia», que afecta directamente al tercer socio de gobierno y mayoritario, como es Compromís, tanto por la condición de máximo responsable del alcalde, Joan Ribó, como del concejal del área en litigio, Pere Fuset.
El portavoz del grupo, Eusebio Monzó, acompañado de Alfonso Novo y Félix Crespo, anunciaron que se va a presentar dicha petición para que se investigue el procedimiento administrativo que se llevó a cabo desde el ayuntamiento sobre la grada instalada en Viveros en junio de 2017, en cuyo montaje falleció un trabajador.
Monzó aseguró que «concurren las circunstancias que marca el Reglamento Orgánico, que señala las comisiones como un instrumento para aclarar actuaciones de legalidad controvertida». Pero para llevarse a cabo se debe aprobar en el pleno, lo que obliga a ese particular «retrato» por parte de socialistas y comunes.
ValC señala el encausamiento
La maniobra busca, lógicamente, el desgaste, confiando en que acabe siendo una presión que precipite la dimisión de Pere Fuset. Ahí sí que se pronunció la portavoz de València en Comú, María Oliver, que aseguraba que «en nuestro partido, el listón para dimitir es el encausamiento», O sea, la apertura de juicio oral, independientemente de la sentencia posterior. «Pero en el caso de Compromís no sé dónde está el límite. Es una cuestión política de cada grupo y no vamos a imponer nuestras lineas rojas».
«Falta de transparencia»
Gran parte de los reproches que motivan la petición van a parar al alcalde como máximo responsable del gobierno municipal «porque en este tema nunca ha actuado con transparencia, hasta el punto de que, una vez sancionados por Inspección de Trabajo, se oculta el pago de la multa a través de una modificación presupuestaria». O dicho de otra manera, «si todo está bien y no hay ningún defecto, hace tiempo que habrían dado explicaciones, habrían aportado documentación€» para acabar recordando «qué habría hecho Joan Ribó si estuviera en la oposición».
Las comisiones de investigación fueron un arma utilizada por los partidos de izquierdas cuando estaban en la oposición, sea municipal o autonómica. Razón ésta para que el lanzamiento de guante sea significativo.
«Suponemos que se archivará»
En el PP se es consciente de que la comisión como tal no tiene muchas posibilidades de que resquebraje la estabilidad ni del alcalde ni del concejal. «Suponemos que dirán que todo está claro y archivarán la causa sin más. Pero nuestra obligación es que se aclaren las dudas».
Sobre la cuestión judicial, en la que el último episodio ha sido la citación a declarar como imputado de Pere Fuset, el PP ha decidido adoptar el «buenismo», asegurando que «respetamos la presunción de inocencia y respetamos el proceso que lleve a cabo la justicia, con sus procedimientos y sus tiempos». Para recordar inmediatamente que «ojalá nos hubieran hecho a nosotros lo mismo en» relación a causas como «Ritaleaks» o el caso «Taula», que mantiene imputados a todos los ediles populares salvo Monzó durante casi toda la legislatura.
