El juzgado de lo Social número 16 de València ha obligado al consistorio de la capital a readmitir o a indemnizar a tres empleadas de la 'escoleta' Gent Menuda, despedidas por el ayuntamiento una vez asumió la gestión de este servicio de la que hasta el pasado 30 de junio se ocupaba una empresa privada, según ha informado el sindicato CSIF.

El juzgado estima así en parte la demanda de las trabajadoras, declara procedente el despido y obliga al consistorio a readmitirlas en las mismas condiciones anteriores a él o al abono de la indemnización correspondiente para cada una de ellas.

La sentencia, consultada por Europa Press, centra la cuestión en dilucidar si a quién corresponde imputar la decisión del despido: si a la empresa que gestionaba la 'escoleta' hasta el 30 de junio de este año o al consistorio que rechazó la incorporación de las trabajadoras a su plantilla.

En este caso, señala que corresponde al consistorio dado que la asunción de la gestión "constituye el traspaso de una entidad económica que mantiene su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, ya fuese esencial o accesoria", y así se desprende del pliego de condiciones particulares de la contratación, en el que se establece la obligación del contratista del servicio de la adquisición de yodos los elementos necesarios para la explotación del servicio público.

Además, señala que el servicio que se presta en la 'escoleta' tras la decisión del Ayuntamiento de gestionarlo directamente es el mismo que se prestaba por la empresa demandada en régimen de concesión administrativa. Por tanto, la negativa del consistorio a hacerse cargo de las trabajadoras constituye un despido no ajustado a derecho.

No obstante, el juzgado rechaza sus alegaciones de que concurra una discriminación indirecta por razón de sexo que alegaban, y que supondría una declaración de nulidad, porque el hecho de que la extinción de contratos de trabajo haya afectado en este caso exclusivamente a mujeres es porque se trata de un sector de actividad donde prácticamente todo el personal, al menos el educador, es de sexo femenino.

El sindicato CSIF ha explicado que las tres trabajadoras, junto con otras afectadas, presentaron escrito ante el Consistorio en el que solicitaban continuar prestando servicios como empleadas en la escuela infantil cuya titularidad recae, por continuidad en el servicio, sobre el Ayuntamiento de Valencia y, al no aceptarlo, presentaron demandas ante el Decanato.