Las grandes operaciones de soterramiento de vías y aprovechamiento del suelo liberado proyectadas en las últimas décadas por muchas ciudades han corrido una suerte desigual. Madrid, como Barcelona, tiene las vías soterradas desde hace décadas y acaba de desbloquear la operación Chamartín (Madrid Nuevo Norte), una actuación similar al Parque Central con un alto porcentaje de participación privada que ha recibido el apoyo del Ministerio de Fomento, que a su vez ha construido, con una inversión de 300 millones de euros, el tercer túnel ferroviario para conectar las estaciones de Atocha y Chamartín.

La capital española dispone de tres túneles ferroviarios, el más antiguo, el de Recoletos (1967), con una longitud de 6,8 kilometros y por el discurren trenes cercanías, media y larga distancia. El segundo túnel (de Sol) se puso en servicio en 2008, tiene 7,7 kilómetros y se construyó para descongestionar el de Recoletos. Sin embargo por ninguno de estos túneles pueden pasar los trenes AVE, por eso se ha construido un tercero para la alta velocidad que conectará las dos principales estaciones de la capital.

Barcelona, por su parte, cuenta con dos túneles ferroviarios, el último construido en 2013 para conectar la estación de Sants con Sagrera, dando continuidad hasta Francia a la línea AVE de Madrid.

Ciudades como Cádiz y Zaragoza aprovecharon los años de pujanza económica para soterrar sus vías ferroviarias. Incluso Málaga, que tiene AVE desde 2007 y un túnel ferroviario de 2,3 kilómetros y 150 millones de euros costeado al 65% por Fomento y el resto por la Junta y el ayuntamiento a partes iguales.

La presión social en Murcia ha hecho que, finalmente, el Ministerio de Fomento se haya comprometido a que el AVE llege soterrado y no en superficie como estaba previsto.

En otras ciudades donde el soterramiento de vías se ha dejado en manos de sociedades instrumentales cuyos ingresos dependen, en buena medida, de operaciones urbanísticas, como es València, el soterramiento de las vías se eterniza. La capital valenciana tiene alta velocidad desde 2010, pero los trenes llegan a una estación provisional, que ya ha superado su vida útil, y con las vías en superficie. El ayuntamiento sigue pendiente de que el Ministerio Fomento fije fecha para la reunión del consejo de administración de la Sociedad Parque Central con el objetivo de aprobar el nuevo convenio de financiación del soterramiento (canal de acceso) y dar el visto bueno a la subasta de solares de la primera fase de urbanización del Parque Central, cuyos ingresos aliviarán, al menos en parte, los problemas financieros de la sociedad, que arrastra una deuda de 80 millones de euros.

La asfixia de las sociedades creadas por el Gobierno para impulsar la llegada del AVE, alimentada por la falta de interés de los promotores por las operaciones urbanístias debido a la crisis del ladrillo, ha llegado a tal punto que en algunos casos, como Valladolid, ha sido necesario disolverlas. La llegada de la alta velocidad a la ciudad castellanoleonesa generó una deuda de 411 milllones, que el año pasado fue absorbida por el grupo Fomento, que asume así casi el cien por cien de las obras ferroviarias.

En València, las administraciones local y autonómica llevan un año esperando a que Adif y Renfe den el visto bueno a la refinanciación de la deuda, que supondría un ahorro de 1,5 millones de euros al año para la Sociedad València Central.

En el caso de Zaragoza, donde también se creó una sociedad instrumental para la llegada del AVE, el grupo Fomento se ha hecho cargo de 238,3 millones de euros de un total de 359,4 millones de deuda contratada, con lo cual el Gobierno ha pagado dos tercios de la infraestructura en Zaragoza impulsada con motivo de la Expo y que también estuvo asociada a una operación urbanística.

El Ayuntamiento de Valencia, gobernado por Compromís, PSPV y València en Comú, todavía no ha conseguido que Fomento fije fecha para la reunión de la Sociedad Valencia Parque Central. El alcalde, Joan Ribó, de Compromís, reclama al Gobierno un trato igualitario a la hora de abordar la financiación de las obras «ya que encontramos casos en que el Ministerio de Fomento las ha sufragado total o parcialmente». «No puede haber españoles de primera y españoles de segunda», advierte Ribó.