La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, Maria José Salvador, avanzó ayer que su departamento estudia «algunas medidas» para regular el «desequilibrio» que existe entre las licencias de VTC (vehículos de transporte con conductor) y las del taxi, «siempre y cuando no nos generen tener que indemnizar porque las cuantías serían absolutamente inasumibles para este gobierno».
Salvador cree que «el problema está residenciado principalmente en las ciudades», por lo que considera que «hay que residenciar en el Ayuntamiento de Valènciaal igual que han hecho otras ciudades como Madrid o Barcelona. Las competencias de la conselleria, precisó, son en el ámbito interurbano, donde las VTC «prácticamente no operan».
Salvador recordó que el Real Decreto Ley que el Ministerio de Fomento aprobó el pasado 28 de septiembre busca «dar respuesta» a ese desequilibrio entre licencias de VTC y taxis dejando en manos de comunidades autónomas y ayuntamientos la regulación para alcanzar el equilibrio 1/30 -una licencia de VTC por cada treinta taxis- pero en un plazo de cuatro años.
A su entender, conceder cuatro años para que operen las VTC y a partir de ahí ir al equilibrio de 1/30 porque es una solución «positiva» porque «ahora cualquier medida de restar y quitar licencias a las VTC implicaría que las administraciones incurrieran en indemnizaciones porque esos titulares tienen derecho a esa licencia de VTC». Y estas sumas para la Generalitat serían «absolutamente inasumibles». advirtió.
El sector del taxi se manifestó ayer por las calles de València para exigir a la Administración el cumplimiento de la ley para regular la actividad del sector de los VTC. A la concentración se han sumado aproximadamente 2.000 taxistas, según el presidente de la Confederación de Taxistas Autónomos (CTA) de la Comunitat Valenciana, Fernando del Molino, quien comparó la situación valenciana con la del País Vasco, que «ya tiene una ordenanza que limita a las VTC».
Circulación por València
Los taxis circularon desde la sede de la Conselleria de Transportes hasta el Ayuntamiento de València para exigir a la consellera María José Salvador, y al alcalde Joan Ribó, que actúen contra «un servicio desregulado que hay en la Comunitat Valenciana» y que «no cumple todas las condiciones que exige la ley».
En su escrito, los taxistas subrayan que «los cambios legislativos no tendrán eficacia alguna si no hay un compromiso firme» en el «control e inspección del transporte de viajeros» y que, por ello, solicitan una «mayor dotación de material y humana de forma regular en los servicios de inspección».
Por su parte, Francisco García, de la Unión Sindical Obrera (USO) de la Comunitat Valenciana, aseguró que en otras comunidades autónomas, como Cataluña o Madrid, «están en ello también», pero que en la Comunitat, tras más de dos meses de la aprobación del decreto ley, «no se está moviendo ficha».
Los seis colectivos que han realizado estas reclamaciones han sido la CTA-CV, la Unión de Asociaciones de Taxistas de la Comunitat Valenciana, la USO-CV, Elite Taxi Valencia, la Asociación de Taxistas de la Comunitat Valenciana (ATCV) y la Asociación Empresarial de Auto-Taxis (AET).
