La citación a declarar como imputado del concejal de cultura festiva Pere Fuset fue el argumento esgrimido por el Partido Popular (presentado por Eusebio Monzó y defendido por Félix Crespo) para abrir una comisión de investigación. Una forma de devolverle la moneda de la comisión del Caso Taula, en la que los ediles populares ya han sufrido el escarnio institucional a pesar de que el juez todavía no ha dictaminado si se les abre juicio oral.
Pero lo que aprobó el equipo de gobierno fue la habitual moción alternativa. Sí: habrá una comisión. Hasta tiene nombre: «Accidente durante el montaje de la grada contratada por los promotores de los conciertos de Viveros 2017», pero será «no permanente»: no funcionará mientras haya una causa judicial abierta sobre este siniestro. Con lo que queda, de momento, suspendida. Lo que esgrimió Crespo para recordarle que ese miramiento no existió con la de Taula y a la que Sergi Campillo replicó recordando la paralización de la gestión que sufre el ayuntamiento por las reiteradas demandas que presenta el PP y, sin nombrarlo, el asesor Luis Salom.
