Que el Ayuntamiento de València haya aceptado la «legalización» de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de La Punta con un corredor verde como «la opción menos mala», en palabras del alcalde Joan Ribó, ha hecho explotar al alcalde pedáneo de este pequeño pueblo del sur de la ciudad, Ignasi Vázquez. En un duro comunicado, Vázquez se erige en portavoz de los vecinos de este enclave en la huerta para rechazar por completo la aprobación del plan especial impulsado por el Puerto, la Generalitat y el Ayuntamiento. No dimite, pero se rebela. Y anuncia que se unirá al recurso judicial que ya se prepara: «A pesar de que no pienso dimitir, suspendo mis tareas de asistencia a funcionarios y a reuniones políticas en señal de protesta. Voy a destinar íntegramente la compensación que cobro por mis funciones de alcalde pedáneo a contribuir en los gastos económicos del futuro contencioso-administrativo en contra del nuevo plan especial de la ZAL».

Ignasi Vázquez, militante de Compromís, cargó contra las decisiones de los representantes políticos por alejarse de sus compromisos electorales, que en el caso de Compromís fueron intentar revertir la ZAL tras el varapalo judicial que la declaró ilegal. Según la Universitat de València, además, se violaron los derechos humanos de sus habitantes durante los desalojos. Su decepción y crítica es hacia los cargos electos tanto en el Ayuntamiento como en la Generalitat que no se han opuesto al nuevo plan especial presentado, en el que se reserva un corredor verde que apenas supondrá un 10 por ciento del terreno expropiado en su día a los agricultores. Lo demás, se llenará de contenedores del puerto.

El alcalde de La Punta considera la tramitación de la nueva ZAL «es un procedimiento irracional y especulativo que no sirve al propósito que se explicita en público». El alcalde pedáneo recordó ayer en primer lugar que la responsabilidad de retomar el plan anulado reiteradamente por los tribunales «fue del gobierno del PP de 2014, pero el gobierno del Botànic, en el cual participan PSPV-PSOE, Compromís (Bloc, Iniciativa del Poble Valencià, Verds-Equo) y Podem tiene que asumir la responsabilidad política de continuar con su tramitación».

«La identidad y coherencia propias, los siglos de sabiduría y cultura popular depositados en La Punta están en claro peligro de extinción», aseguró Vázquez. «La aprobación de este plan obliga en la ciudad de València a perder su tan preciada muralla verde de huerta. Todos los valencianos se verán privados de los beneficios de la huerta del sur de la ciudad y a cambio los especuladores del territorio tendrán su beneficio privado», argumentó Ignasi Vázquez.

Ante esta nueva tramitación de la ZAL, el alcalde de La Punta asegura que aboca a los afectados a recurrir de nuevo a los tribunales. «Si los responsables políticos en el Ayuntamiento y Generalitat tienen la voluntad expresa de hacer una ZAL a La Punta, no hay más a decir sobre el fondo de la cuestión. Solo que asuman ante la historia el peso de sus decisiones. Como en otras ocasiones, obligan a la sociedad civil a buscar amparo en los tribunales».

La vía judicial

Vázquez finalizaba su duro comunicado con dos peticiones. Por una parte, «a todo aquel que esté en contra de este plan que encuentre la valentía de levantar su voz y aporte su granito de arena en la lucha contra la hegemonía informativa que pretende exculpar a los responsables directos». También suplicó «clemencia» a los responsables directos para que se paralice la tramitación actual del Plan Especial de la ZAL «para no revivir el tortuoso camino que ya llevamos 20 años andando cada cual como puede».

«Si la política no es capaz de iluminar este oscuro pasaje de la historia valenciana no queda más que encomendarnos a la penosa vía judicial para enmendar los errores de nuestros políticos. Ahora, en precampaña electoral, La Punta vuelve a ser irrenunciable para Compromís. Los recuerdo que ellos han tenido gran parte de responsabilidad en su tramitación», advierte este militante de base. En este sentido hay que recordar un sorprendente comunicado de la coalición valencianista antes de Navidad en la que decía que La Punta debía ser «desurbanizada», pese a que la acción política de los cargos electos no se corresponde con la ejecutiva.