Encontrar un hogar por 300 euros al mes se ha convertido en una pesadilla. La oferta asequible de vivienda en alquiler está desapareciendo en una ciudad donde alrededor de una de cada tres familias sobrevive con unos ingresos que no superan 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), poco más de unos 800 euros al mes. En esta situación se encuentran 24.500 familias en la ciudad de València, según se desprende del Plan Estratégico de Vivienda de la ciudad de València 2017-2021.
La situación del mercado laboral, la restricción de crédito y la evolución negativa del precio de la vivienda ha propiciado que cientos de personas sufran la vulnerabilidad habitacional de quienes se encuentran a merced de la Ley de Arrendamientos Urbanos que ofrece una protección insuficiente al inquilino. Y es que en València, como en el resto del territorio español (detalla el informe), no existe ninguna protección legal que garantice la estabilidad en la tenencia más allá de la duración mínima del contrato (ahora ampliada de tres a cinco años), por lo que la incertidumbre de si podrá mantener la vivienda pasado ese tiempo dependerá exclusivamente de la voluntad del propietario, quien podrá avisarle con tan solo un mes de antelación. Un tiempo evidentemente escaso para encontrar un nuevo hogar teniendo en cuenta la escasez de oferta y los elevados precios de la ciudad.
Muchos valencianos se encuentran ante una situación de pérdida de su vivienda, bien porque no se les renueva el contrato o bien porque se les impone un aumento inasumible del precio del alquiler. Se trata de un verdadero fenómeno de «desahucios invisibles» (en España se registran 163 desahucios al día, de los cuales el 65 % son por impago de alquiler).
De hecho, la oferta de alquileres de no más de 350 euros se ha reducido cerca de un 60 % en tan solo tres años (del 2014 al 2017). Un precio que para alguien que cobra el salario mínimo (ahora 900 euros) ya supone casi la mitad de su sueldo (40 %). En 2017 únicamente 26 particulares ofertaron su piso por 300 euros mensuales en toda la ciudad de València (en 2014 el número ascendía a los 295). Una tendencia descendente que se ha visto agravada en el último año, según informó el pasado jueves la concejala de Vivienda María Oliver. La cifra ya era baja en 2014 (cuando había 81 viviendas), pero en 2017 las viviendas por 300 euros mensuales cayeron hasta las 14. Casi 2.000 hogares, sin embargo, se alquilaron en 2017 por más de 600 euros.
Desigualdad por distritos
Con tales condiciones, no es de extrañar que 82.000 familias vivan en riesgo habitacional por incapacidad de pago de alquiler (uno de cada tres hogares) en una ciudad donde más de 60.000 viviendas están vacías, la mayoría de ellas en el distrito de Ciutat Vella (el 27,5 %).
Los vecinos y vecinas de Rascanya, Poblats Maritims, l'Olivereta (con mayor presencia en Tres Forques y la Fontsanta, donde la cuarta parte de la población está en situación de vulnerabilidad) y Pobles de l'Oest (especialmente en Benimàmet donde la exclusión supera el 50 %) son los que más sufren esta desigualdad habitacional, la mayoría de ellos en los barrios del Cabanyal-Canyamelar-Cap de França, la Malva-Rosa, Beteró y Natzaret. «Muchas de las viviendas son de baja calidad, sobre todo en la parte norte, hacia el Grau», indica la Asociación vecinal de Natzaret en los testimonios que recoge el Plan Estratégico de Vivienda. Aseguran que, además, mucha gente que vive de alquiler no tiene contrato y que la existencia de vivienda vacía (en propiedad de bancos) favorece que se produzcan ocupaciones ilegales (además de la resistencia contra la agresión urbanística del barrio, o la necesidad de una vivienda). El proceso participativo del barrio advierte, por tanto, que la promoción de vivienda pública permitiría atraer población de otras zonas de València para revitalizar el barrio. Y es que, aseguran, la pobreza habitacional en el Cabanyal provoca que muchas personas migren a las calles de Natzaret.
A pesar de que en el Cabanyal hay un parque significativo de vivienda pública (entre un 5-10 %) desde la asociación del colectivo gitano del Cabanyal apuntan que para solucionar la vulnerabilidad habitacional se debe dar uso a los solares que se encuentran sin edificar y hará falta una bolsa de viviendas asequibles del Ayuntamiento. Añaden que se debería implicar a los bancos en el proceso, dado que muchas viviendas son suyas, para que alquilen aquellas viviendas que no puedan vender.
En cuanto al distrito de Rascanya, Torrefiel y Orriols son los más afectados. Estos últimos aseguran que gran parte del problema viene del hecho de que se permita que haya viviendas vacías (existen unas 1.500 en el barrio). «Si no hubiera desahucios, no habría mafias de ocupas», indican. Reconocen, además, una escasa oferta de viviendas en alquiler y con rentas elevadas en un barrio donde el 20 % se encuentra en manos de bancos. «Hay comunidades en las que se quedan dos propietarios, el resto son propiedad bancaria», inciden.
