La Concejalía de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de València, junto a las delegaciones de las ciudades de Madrid, Barcelona, Zaragoza y A Coruña se reunirán el próximo 24 de enero en el "cap i casal" para presentar el anteproyecto de ley que han preparado para lograr una financiación del transporte público por parte del Estado.
Las personas responsables de las competencias en Movilidad de las citadas capitales, las autodenominadas 'ciudades del cambio', presentarán este anteproyecto de ley, que tiene por objetivo regular la financiación del servicio público de transporte colectivo urbano y metropolitano. Los entes municipales responden así a la propuesta apoyada de manera unánime por todos los grupos en la Comisión de Fomento el pasado mes de septiembre, y que instaba al Gobierno a crear en el plazo de seis meses una mesa que analizase la financiación del transporte público urbano. En definitiva quieren que la financiación del transporte se fije por ley y no dependa de la voluntad presupuestaria del gobierno de ese momento.
Uno de los casos más significativos es el que padece la ciudad de València, con una aportación prespuestaria del Estado muy por debajo de otras grandes capitales del país. En 2019 espera que a través de una enmienda los Presupuestos Generales destinen 38 millones de euros al transporte metropolitano en lugar de los 10 actuales. En cambio, sedestinan 149,3 millones para la Autoridad de Transporte Metropolitano de Barcelona, 126,8 millones para el Consorcio Regional de Transportes de Madrid y 47,5 millones de euros para Canarias.
Este documento, consensuado entre los Ayuntamientos de València, Madrid, Barcelona, A Coruña y Zaragoza, «debe ser el punto de partida para buscar una unanimidad en el arco parlamentario sobre un asunto que debe estar por encima de cuestiones partidistas», tal como aseguran sus promotores.
Con la ley se busca tener un marco normativo que regule el traspaso de recursos a las entidades locales competentes en materia de transporte urbano y metropolitano, recogiendo obligaciones derivadas del traspaso, orientadas a maximizar una movilidad ambientalmente sostenible, integrada, intermodal, interoperable, segura, tecnológicamente avanzada y con los más elevados estándares de calidad para los ciudadanos.
De manera paralela, se busca garantizar la reducción de emisiones de efecto invernadero derivado de la movilidad urbana en vehículos privados a motor de combustión, coadyuvando así con los compromisos adquiridos por el Estado Español con la ratificación del Acuerdo de París; y en concreto, no sobrepasar el límite de 1,5ºC del calentamiento global.
El anteproyecto se presentará en la primera fase de plena tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, aunque sus responsables han querido dejar claro que el espíritu de la ley «es el de dotar de estabilidad y suficiencia a las cuentas de los operadores del sector, garantizando un mínimo suficiente independiente de los cambalaches presupuestarios».
