l Ayuntamiento de València no sancionará a la propietaria de los perros peligrosos que atacaron a la primera teniente de alcalde y portavoz socialista, Sandra Gómez. No impondrá multa alguna en este caso ni en ningún otro en el que haya mordedura e incluso se incumpla ampliamente el reglamento, ya que la dinámica municipal es requerir a los dueños para que subsanen las deficiencias y archivar el caso. Solo en el supuesto de que se nieguen a poner remedio a sus faltas, se puede imponer una multa, cosa que no ocurre prácticamente nunca, admiten las fuentes consultadas, que aseguran que las víctimas de estos ataques todo lo que pueden hacer es recurrir por su cuenta a los tribunales para reclamar daños y perjuicios.

En el caso de Sandra Gómez, el ataque se produjo cuando la concejala socialista hacía deporte con su perro por la playa y dos perros de raza potencialmente peligrosa, que iban sueltos, sin bozal, sin licencia y sin seguro, la atacaron y le destrozaron una mano. Pero este tipo de incidentes, con las mismas irregularidades o sin ellas, son bastante comunes y con consecuencias muy graves.

A pesar de ello, la respuesta del ayuntamiento, que debe venir de las concejalías de Sanidad y de Bienestar Animal, no incluye ninguna sanción económica o de otro tipo. Según fuentes de estas concejalías, cuando la Policía Local o los servicios sanitarios informan de oficio de un ataque de perros peligrosos, se abre un expediente y se determinan las circunstancias en que se ha producido el ataque. Y en caso de que haya alguna irregularidad, como no llevar la documentación en regla, ir suelto y sin bozal o no tener la cartilla de vacunas al día, se requiere a sus dueño para que subsanen esas deficiencias, sin entrar en el incidente en sí mismo.

Si en el plazo establecido se saca la licencia, se contrata un seguro y se resuelve el problema de las vacunas, el expediente queda cerrado automáticamente, sin multa o reproche administrativo alguno por la mordedura o por las anomalías que se hayan cometido. Solo en el caso de que el propietario incumpla la orden dada y en el plazo establecido, cosa que no ocurre prácticamente nunca, se impone una sanción administrativa, osea, una multa.

Lo único que pueden hacer los afectados, por tanto, es acudir por su cuenta a los tribunales ordinarios para denunciar el caso y pedir daños y perjuicios a los dueños de los animales. Eso es lo que, al parecer, tiene previsto hacer la concejala Sandra Gómez, pero en muchos casos los afectados, sobre todo si las heridas no son graves, prefieren dejarlo pasar.

Precisamente para cubrir esos posibles daños y perjuicios es por lo que la normativa sobre perros potencialmente peligrosos obliga a sus dueños a contratar un seguro de responsablidad civil. Puede darse el caso, no obstante, que el perro no esté identificado y tampoco su dueño, en cuyo caso no existe ni siquiera la opción de los tribunales.