La nueva Ley de Arrendamientos Urbanos, cuya aprobación está prevista para el próximo martes, ha propiciado todo tipo de reacciones. La última de ellas ha sido la expresada por Entrebarris para quienes esta legislación tiene aspectos «positivos» pero «insuficientes», aunque valoran que pretende «dar respuesta a la grave crisis habitacional que sufre el estado desde el comienzo de la crisis».
En un comunicado, esta plataforma vecinal asegura que esta modificación era «una necesidad política de primer orden», más aún tras la reforma llevada a cabo por el Partido Popular en 2013 para «dar un paso más en la liberalización del mercado de arrendamientos urbanos».
Entrebarris ve bien las nuevas duraciones de los contratos, que vuelven a los cinco o siete años, pero defiende que deberían ser «indefinidos» donde «solo un catálogo cerrado de causas sea motivo de no renovación».
Valoran las medidas fiscales, pero dicen que se han de acompañar con medidas coercitivas y prescripciones legales. Y critican el «olvido» de su compromiso de que las administraciones locales puedan imponer controles de precios efectivos que «intervengan el mercado para garantizar el derecho a la vivienda».
