Una de las problemáticas que más afectan y preocupan a la ciudadanía es aquella derivada del riesgo de pobreza y exclusión social, o tasa Arope. Este, como reflejó el último informe de EAPN España y EAPN Comunitat Valenciana, ha aumentado en la región, con un incremento del 0,8%, lo que lo sitúa en el 31,3% de la población. Y también en la ciudad de València.

De este modo, la Concejalía de Servicios Sociales encargó un estudio a la Universitat de València que determinó que en la capital el riesgo de exclusión social se sitúa en el 26,7 %, es decir, más de la cuarta parte de la población. Y que en cifras sociales corresponde a unas 211.000 personas.

Para tratar de paliar estas situaciones, la concejala Consol Castillo presentó en noviembre el Plan Municipal de Servicios Sociales 2019/2023, que se aprobó por unanimidad por parte de todos los grupos políticos que forman el consistorio municipal. Y para el cual está previsto destinar 1,4 millones de euros.

Dentro de las medidas que ya se llevan a cabo por el Govern de la Nau están las subvenciones para hacer frente a los recibos de agua, luz y gas, para las cuales en 2018 se destinó un total de 668.302 euros en 3.431 ayudas, como informan desde la concejalía de Servicios Sociales, dirigida por Castillo.

Estas medidas son posibles gracias a los acuerdos de colaboración de las entidades suministradoras como son Emivasa, Iberdrola y Castellar. Así como nuevos convenios que se han alcanzado con Endesa y Naturgy.

De este modo, como relata Castillo, «la pobreza energética afecta al 26,7 por ciento de los ciudadanos de nuestra ciudad. Por ello, desde el Ayuntamiento, nos hemos aplicado desde el primer minuto en una lucha decidida y firme contra la pobreza energética».

Recuerda que «aparte de las ayudas para evitar el corte en los suministros, una de las diversas iniciativas que hemos introducido desde el Gobierno de Joan Ribó en este tema es la Oficina Verde que hemos implantado en los once centros municipales existentes en València, a través de las cuales hacemos recomendaciones personalizadas para el ahorro y la mejora en la contratación de suministros», explica.

Entre las medidas que se pretenden conseguir con estas ayudas se encuentran paralizar los cortes de suministro de las personas a las que se está tramitando la ayuda por este concepto. También reactivar automáticamente el suministro en los casos en los que ya se habían efectuado los cortes.

Otro objetivo es conseguir facturaciones más completas que las habituales para conocer el estado del consumo y el saldo real de deuda de los usuarios. Los técnicos de Servicios Sociales también se encargan de facilitar la tramitación del bono social, que en ciertas ocasiones puede resultar farragoso o complicado para los usuarios. Mientras tanto, la concejalía contribuye en el pago de ciertas ayudas, como es el caso de la de Emivasa.

La formación de los usuarios y usuarias de los servicios sociales en temas relativos a la eficiencia energética también se encuentra entre los objetivos de este plan, y para conseguirlo se cuenta con la colaboración de las propias empresas suministradoras.

Por otra parte, también se negocia el pago fraccionado en los casos en los que se haya documentado grandes deudas, siempre que las personas afectadas puedan asumir esa fórmula en al menos un año de duración. Finalmente, también se hace seguimiento de casos concretos y se controlan posibles fraudes.