La Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat de 2019 incluye una modificación de la Ley de Vivienda que activa el derecho de tanteo y retracto a favor de la Conselleria de Vivienda a la hora de adquirir pisos de protección oficial (VPO) de segunda mano que salgan al mercado.
Una medida en vigor desde el 1 de enero que ha desbaratado al sector inmobiliario, especialmente, en barrios con un elevado porcentaje de viviendas protegidas como Benicalap, donde las agencias inmobiliarias y profesionales del sector advierten de que la inseguridad jurídica que se ha generado está dando al traste con muchas operaciones de compra-venta por el miedo a sanciones económicas.
La decisión de activar el derecho de tanteo, o compra preferente, a favor de la Generalitat, tiene como objetivo ampliar el mermado parque público de viviendas de la Comunitat y evitar situaciones como la que se ha producido estos días en València donde, tal como ha publicado este diario, una familia sin recursos ha tenido que vivir en un trastero ante la falta de viviendas sociales.
Todo a pesar de que la nueva ley de Función Social de la Vivienda impulsada por el Consell de Ximo Puig consagra el derecho a una vivienda digna, algo que no se está cumpliendo como así lo ha recordado el Síndic de Greuges en su informe sobre parque público de vivienda de 2018.
La Generalitat admite que el cambio normativo puede generar en los primeros días «incertidumbre o dudas» respecto a su aplicación, razón por la cual se está elaborando una instrucción que resuelva las dudas que se están planteando, defina los criterios de aplicación, clarifique y identifique las viviendas que son de interés para la Generalitat, informaron a este diario fuentes de la Conselleria de Vivienda.
El director general de Vivienda, Rafa Briet, ya se ha puesto en contacto con asociaciones y colegios profesionales que se han interesado para informales de los pasos que van a dar. Ante «la gran cantidad de solicitudes» de valoración de viviendas protegidas susceptibles de ser adquiridas por la Generalitat, la conselleria «va a pedir un refuerzo de personal urgente para atender estas peticiones y regularizar los procesos en el menor tiempo posible», añadieron fuentes de Vivienda.
La Generalitat ha informado al sector de que no aplicará el derecho a tanteo en las operaciones entre particulares hasta el 1 de marzo, aunque se reserva el derecho a hacerlo en los casos que intervengan bancos o empresas.
El derecho de tanteo y retracto es una medida para ampliar el parque público de viviendas impulsada por la conselleria que ya ha sacado por primera vez un Concurso de Adquisición de Vivienda a particulares (no necesariamente de VPO) para ofrecer más soluciones habitacionales a la gente que más lo necesita y también ofrecer alquileres asequibles aquellos que no pueden acceder en el mercado libre.
