Las grandes ciudades españolas, lideradas por València, Madrid, Barcelona, Zaragoza y A Coruña, presentarán una propuesta en el Congreso en el plazo de un mes para que el Gobierno cree una ley de financiación del transporte público colectivo de las ciudades y áreas metropolitanas, tal y como cuentan la mayoría de los países europeos.
En concreto, el borrador de la ley pide que el Estado destine el 0,25 % del PIB español a la financiación del transporte en las ciudades. Eso supondrían unos 2.500 millones de euros anuales a los que optarían las urbes en función de “criterios objetivos”, como son el número de viajeros, la población y los kilómetros que recorren las líneas metropolitanas.
Unidos Podemos y Compromís serán los dos partidos que tramiten esta propuesta, pero invitan al resto de formaciones a sumarse a sus peticiones. Así, recuerdan que se aprobó una proposición no de ley el pasado 20 de septiembre apoyada por todos los partidos excepto el PNV, que se abstuvo. En esta PNL se instaba al Gobierno a poner en marcha los mecanismos para tramitar la nueva ley de financiación. Ante la inacción del ejecutivo de Pedro Sánchez, las ciudades han pasado a la acción y han tomado la iniciativa.
El concejal de Movilidad de València, Giuseppe Grezzi acompañado por sus homólogos de Madrid, Barcelona, Zaragoza y A Coruña, ha presentado hoy la iniciativa. “Nos hemos puesto manos a la obra para facilitar el trabajo al Gobierno. Presentamos el borrador que no es definitivo para llevarlo al Congreso para que inicie su tramitación, a través de los diputados Sergio Pascual y Joan Baldoví. La ley pretende crear ese marco estable que no dependa de los vaivenes políticos, y con criterios objetivos de financiación. Con esa ley estaremos alineados con todos los países europeos que ya la tienen. España es el único que no la tiene”, ha recordado el edil.
Teresa Artigas, responsable de movilidad de Zaragoza, ha dicho que esta ley se basa en el modelo francés de reservar un porcentaje fijo del PIB al transporte público. “Sería el 0,25%, con el que se crearía un fondo para los gastos de operación y se reserva un porcentaje de este fondo en inversiones de transporte público, para eficiencia, reducción de gases contaminantes, y criterio claro de evaluación”, ha indicado.
Mercedes Vidal, edil de movilidad de Barcelona, ha recordado que son ciudades “muy diferentes pero compartimos una gran necesidad de promocionar el transporte público como medio principal”. “No se puede dejar solo a expensas de la financiación local. El Estado no puede dimitir de esta responsabilidad. Se financian otras grandes obras que transportan a menos viajeros. Al no haber un marco estable queda a expensas a acuerdos entre los gobiernos de turno. El anterior gobierno del PP dio 100 millones menos al área de Barcelona, lo que originó un agujero. Se asumió con un 86% más de financiación local por esta falta, mientras el Estado la redujo un 50 %. Son cifras inaceptables para las ciudades”, argumenta.
Su homólogo en A Coruña, Daniel Díaz, ha exlicado que las ciudades hablan “de reducir el número de vehículos privados y reducir la contaminación”. “La Ley complementaría ese camino imparable que llevamos en las ciudades, romper con las ciudades construidas para el coche, hacerlas más humanas”, añade.
Por su parte, Inés Sabatés, la concejala de Madrid, ha hablado de “necesidad y urgencia” en la tramitación de esta ley. “Es un momento decisivo y hay que tomar decisiones comprometidas, porque hemos firmado acuerdos internacionales en la lucha contra el cambio climático y contra la contaminación. No podemos continuar con la dinámica solo del esfuerzo de las ciudades o las comunidades autónomas o los consorcios metropolitanos. Como ciudad grande destaco la dificultad de las ciudades medias, necesidad de financiar ciudades de más de 50.000 habitantes. La ley tiene mirada de equilibrio y equidad. O se aborda ahora cuando está creciendo el transporte público o realmente llegará un momento que no se podrá asumir solo desde la visión local”, ha advertido.
Por su parte, el diputado de Unimos Podemos, Sergio Pascual, ha explicado que se ha “cambalacheado” con los presupuestos de transporte para las ciudades. “No es un reparto racional del transporte. Es insuficiente incluso para las ciudades que más reciben. En Francia se destinan 3.000 millones de euros. En España 0,03 del PIB actual, mientras que las familias invierten hasta un 12% de sus ingresos en transporte”, recuerda.
Joan Baldoví, diputado de Compromís, ha señalado que algunas ciudades tienen cantidades por encima de 100 millones “que nos parecen justas e insuficientes”, pero otras ciudades como València s”olo recibe 10 millones”. “La financiación no puede estar en manos de pactos puntuales de partidos que quieran colgarse medallas. Nadie se las debe colgar. Si el gobierno no se reúne con las ciudades como era su mandato, antes de Fallas Compromís, con Podemos y los partidos que quieran presentarán la propuesta. Si Mahoma no va a la montaña, las ciudades irán al Congreso. Es una propuesta abierta”, ha destacado.
