Generalitat y Ayuntamiento de València sumarán esfuerzos para fiscalizar los apartamentos turísticos ilegales que existen en la ciudad, casi 3.000 de los aproximadamente 5.000 que se calcula que funcionan en València. Ambas administraciones firmarán mañana viernes un protocolo de colaboración para inspecciones de oficio o previa denuncia de parte, los apartamentos irregulares, que no cumplen la normativa urbanística.

Así lo avanzó ayer la concejala de Turismo, Sandra Gómez, durante la rueda de prensa que ofreció junto con el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, para informar del convenio de Turismo de la Comunitat. El responsable de Turismo admitió ayer que el registro autonómico de apartamentos turísticos, una de las medidas estrella incluida en la nueva ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad para luchar contra el intrusismo en este sector, está funcionando de manera desigual. Colomer destacó que el registro está siguiendo un «ritmo no simétrico» en todos los ayuntamientos porque son estos «los que deben participar del modelo» y «depende de su voluntad». Por ello subrayó que es «fundamental» que los consistorios se sumen.

La nueva ley de Turismo de la Comunitat Valencia que entró en vigor el pasado mes de junio implica a los ayuntamientos en la regulación de los apartamentos turísticos al establecer la exigencia de un informe municipal de compatibilidad urbanística previo a la inscripción de la actividad en el registro autonómico.

En este sentido, la concejala de Turismo destacó que, desde la puesta en marcha de este registro, hace más de medio año, no se ha dado ningún certificado en la ciudad, ya sea «porque ha descendido el número de peticiones o porque se han denegado». La normativa urbanística municipal solo permite este tipo de viviendas turísticas en primera plantas de edificios residenciales, siempre que no se encuentren en los barrios del centro histórico donde el nuevo plan especial de Ciutat Vella establece una moratoria a las nuevas licencias, con la única excepción de los proyectos que afecten a edificios singulares, entre los que se incluyen varios palacios, con difícil salida en el mercado residencial.

Gómez y Colomer explicaron que el nuevo convenio de colaboración frente a los apartamentos turísticos ilegales permitirá compartir información para poner coto a este tipo de negocios, que según apuntan los vecinos de los barrios más afectados, como El Carmen, siguen provocando la fuga de residentes por que apenas hay viviendas para alquilar y las que hay son muy caras.

Las sanciones para los apartamentos turísticos no amparados por la ley y la normativa urbanística municipal pueden ascender a 600.000 euros, según explicó ayer Francesc Colomer. Este tipo de multas, no obstante, están «pensadas para situaciones extremas y para las multinacionales que cotizan 25.000 millones de euros».