«Intimidación policial» y «falta de investigación eficaz» posterior. Así tilda la ONU la actuación policial que se llevó a cabo el 8 de agosto de 2017 hacia María Nieves Nfina, mujer ecuatoguineana que residía en el Centro Cultural y de Ocio de Camerún, situado en el barrio de Benicalap. Según publicó Levante-EMV, la mujer se encontraba sentada fuera del centro cultural cuando varias patrullas de la Policía Local de València llegaron para comprobar la licencia municipal del local (alquilado entonces al vicepresidente de la entidad y marido de Nfina, Cédrik Komol).
No obstante, lo que comenzó siendo una visita rutinaria, acabó por convertirse en la detención de la activista con un uso «excesivo de la fuerza», «comentarios discriminatorios basado en la raza y el sexo hacia afrodescendientes» e «intimidación por parte de agentes de policía». Al menos así lo considera el Grupo de Trabajo de Expertos sobre Afrodescendientes, el Relator Especial sobre cuestiones de las minorías de la ONU en una carta enviada al gobierno de España. Y es que pese a los numerosos testigos que manifestaban que una decena de coche policiales participaron en la intervención y que Nfina fue insultada por dos agentes con términos como «puta, negra y gorda», el alcalde Joan Ribó declaró que las acciones policiales fueron proporcionales y legales.
Fue entonces cuando la Asamblea Ciudadana contra el Racismo exigió una investigación independente que nunca se llevó a cabo. Decidieron, por tanto, remitir el caso a la ONU, quienes expresan «seria preocupación ante las alegaciones de uso de fuerza y comentarios racistas y sexistas», la «carencia de remedios efectivos para los crímenes e incidentes de odio perpetrados contra las minorías étnicas» y la falta de una «investigación eficaz». Es, por ello, que apelan al gobierno a que investigue «una supuesta agresión racista» , ya que, explican, les «preocupa que en casos de brutalidad policial la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana permita revertir la carga de prueba a las víctimas y pueda resultar en sanciones administrativas injustas».
