La campaña para el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) arrancará el 1 de marzo, como es habitual, con la incógnita de qué ocurrirá con el pago de este impuesto por parte de la Iglesia. Por lo pronto no se pasará ningún recibo, pero el concejal de Hacienda, Ramón Vilar, ha asegurado que se está viendo la forma de hacerlo y que a lo largo del periodo de pago voluntario, que finaliza el 30 de abril, se emitirán los primeros. Además, ya se ha tomado la decisión de no aceptar ninguna exención más, siempre con los criterios seguidos en todo momento, es decir, los espacios de culto quedan exentos de pago, pero no los locales o establecimientos que generen beneficios económicos, como puede ser un hospital o una universidad.

Este año, la previsión del ayuntamiento es emitir 678.418 recibos por un importe de 226,3 millones de euros. Es algo más que el año pasado, cuando el número de facturas fue de 677.230 y la recaudación prevista alcanzó los 226,1 millones de euros.

Una vez confirmada la congelación de este impuesto a todos los niveles, la única novedad de este año es que el IBI rústico tendrá una bonificación del 90% para aquellas fincas agrícolas que estén en producción. Y también se mantiene la bonificación del 2% por pago bancario aunque el pago sea fraccionado. Un total de 15.500 contribuyentes se han acogido a esta fórmula.

Las expectativas, pues, están en el cobro del IBI a la Iglesia, más concretamente a aquellos locales que no están dedicados al culto (estos seguirán exentos) y que generan una rentabilidad económica, como locales comerciales, garajes y grandes establecimientos, concretamente la Universidad Católica y la clínica La Salud.

Según explicó Ramón Vilar, a día de hoy todavía no han decidido cómo pasar al cobro esos impuestos y por tanto no figuran en el listado que se pondrá al cobro el día 1 de marzo, pero asegura que durante los dos meses de plazo de pago voluntario se habrá resuelto este problema y se emitirán los primeros recibos.

Además, ya se ha tomado la decisión de no admitir más exenciones para edificios de confesiones religiosas que en realidad sean negocios.

El concejal de Hacienda es consciente de que estas decisiones serán recurridas por los afectados, pero cree que es una cuestión de lógica al tratarse de beneficios económicos y hacer una competencia desleal a otras clínicas, por ejemplo.