Aunque el Ayuntamiento de València no lo reconoce oficialmente, ha esperado a tener lista la nueva instrucción sobre contratación pública para volver a licitar el suculento concurso de suministro de luz, valorado en 38,1 millones de euros. Hay que recodar que el consistorio ya licitó este servicio en 2017, pero la justicia lo tumbó porque incluía las denominadas cláusulas sociales. Concretamente, Endesa y Gas Natural alegaron contra el requisito que estipulaba que las compañías debían asumir el coste de la denominada pobreza energética, es decir, no cortar la luz a aquellas familias que se encuentren en riesgo de exclusión social o vulnerabilidad. Ahora, amparados en la nueva ley estatal y también con la autonómica, sacarán de nuevo este contrato a licitación y esperan que, esta vez sí, las grandes eléctricas asuman la contratación responsable, además de proveer luz 100 % de energías renovables.
