La Comunitat Valenciana ha pasado de construir 400 viviendas públicas en 2007, el año del crack inmobiliario, a dar las llaves a tan solo 8 en 2018, según datos del Ministerio de Fomento. Estas cifras sirven por sí solas para clarificar que esta es, efectivamente, una de las regiones «más tensionadas», usando el eufemismo con el que ayer se refería a este problema la consellera María José Salvador. No resulta fácil justificar que en todo un año solo se hayan acabado ocho viviendas públicas en toda la región.
Tal vez por ello la propia consellera reconocía que la ciudad de València y su área metropolitana es «una de las zonas más afectadas por la insuficiencia de oferta de viviendas a precios asequibles para atender la demanda existente». Y anunciaba que ante ello «tenemos la obligación como administración pública de abrir nuevas líneas de actuación que nos permitan ampliar el parque de viviendas y priorizar el derecho a la vivienda».
Para tratar de solucionar este problema, en la medida de lo posible, ayer Salvador firmó un protocolo con la secretaria general de Vivienda del Ministerio de Fomento, Helena Beunza, para promocionar 1.036 viviendas en alquiler social y asequible en la ciudad de València y su área metropolitana. Concretamente, se centrarán en 12 actuaciones ubicadas en València, Silla, Torrent y Manises. En el cap i casal estas se circunscriben, sobre todo, al sector de La Torre, con 184 viviendas en un edificio y 96 en otro. Además de las promociones iniciadas por la Generalitat en Plaza del Árbol, Garcilaso, Plaza Coll, Tejedores, Murillo o Pintor Fillol.
Además, se contempla un edificio de 6 viviendas en Torrent en la calle Domenyo, y dos más en el sector Benisaet para la construcción de 55 y 23 viviendas respectivamente; por último, un edificio en la calle Horta de Silla con 44 viviendas.
Por lo que respecta a la capital del Turia, y para tener una idea de lo «tensionada» que se encuentra esta problemática, cabe matizar que actualmente cuenta con 1.123 inmuebles municipales, lo que supone, por ejemplo, la mitad de otra ciudad con menor población que ella como es Zaragoza. A ello hay que añadir que los precios de los alquileres no dejan de subir, siendo el incremento medio en 2018 del 10 %.
Sin plazos definidos
Ante este panorama, la propuesta del Ministerio y la Conselleria parece ser un balón de oxígeno, pero que, eso sí, no tiene plazos de ejecución establecidos, por lo que corre el peligro, y más en periodo de incertidumbre de gobierno previo a las elecciones, de quedar en un brindis al sol. Preguntada en varias ocasiones por estos plazos, la consellera no pudo responder con fechas aproximadas, pero sí expresó que ya hay actuaciones en marcha y dejó entrever que las actuaciones en La Torre son prioritarias.
Acelerar las actuaciones
Salvador argumentó que en algunos casos se tratará de cofinanciación y en otros casos de financiación de Fomento lo que supondrá «acelerar las actuaciones». No en vano se ha firmado la inversión de un total de 12 millones de euros para la urbanización de suelos de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES).
Como explicaron ayer, en diciembre de 2018 el ministerio otorgó a SEPES 21.518.000 euros para el fomento e impulso del desarrollo y la urbanización de determinados suelos como el Cuartel de Ingenieros y el de Artillería, a los que irán destinados los 12 millones de euros citados anteriormente donde luego está previsto promocionar unas 600 viviendas para alquiler asequible o social.
Edificios sin acabar
La Consellera de Vivienda agradecía ayer la colaboración y el trabajo conjunto realizado entre el Gobierno central y la Generalitat «para hacer frente a una de las grandes necesidades que viven hoy muchas familias y es la falta de un casa digna y a precios acordes a sus circunstancias socioeconómicas».
Por su parte, Helena Beunza aseguraba que este protocolo es «el reflejo y la culminación de un trabajo que empezó la Generalitat para recuperar una serie de edificios que, en la mayoría de casos, quedaron sin acabar» en anteriores legislaturas.
