El Ayuntamiento de València ha presentado una denuncia en el Juzgado de Guardia contra la plataforma HazteOir.org por un presunto delito de odio, ya que concurre el hecho principal de la incitación a la violencia con el de expresión pública. Así pues, solicita que se proceda a la «persecución penal de los responsables» y se adopten medidas para que el autobús no pueda circular en el partido judicial de València.
El autobús de HazteOir llegó a València el martes por la tarde y antes de alcanzar su destino fue interceptado por la Policía Local de la capital, que procedió a denunciarlo y trasladarlo a la central de la Avenida del Cid para retirarle los vinilos en los que se lanzaba el mensaje «No es violencia de genero, es violencia doméstica» o «las leyes de género discriminan a los hombres», todo ello con una foto de Adolf Hitler.
En principio, la denuncia, de 200 euros, tiene que ver con la seguridad del vehículo, pues los vinilos obstruían las salidas de emergencia, pero además, el consistorio entiende que puede haber un delito de odio perseguible por la vía penal, por lo que el mismo martes por la noche se presentó una denuncia en el juzgado de guardia.
En esa denuncia se explica que «más allá de la consideración ética y moral que tienen esos hechos y de la contestación que están recibiendo dichas manifestaciones (hubo incluso personas que arrancaron las pegatinas del autobús a su llegada a València), entendemos que a través de ellas se puede estar incurriendo directamente en un delito tipificado en el artículo 510 del Código Penal, el cual no solo penaliza como delito fomentar, promover o incitar al odio y la violencia, sino también fomentar, promover e incitar a la hostilidad y discriminación contra un grupo, o una parte del grupo, o una persona, por razón de ideología, sexo, orientación o identidad sexual, o por razones de género».
Es más, en este caso puede añadirse un segundo componente también recogido en este artículo, que abunda en esta infracción penal cuando se cometa «por cualquier medio de expresión pública», circunstancia que «concurre en este caso».
La denuncia del Ayuntamiento de València apela también a la Constitución española para proclamar aquello de que «todas las personas son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer ninguna discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». Y recuerda la interpretación que de este artículo hace el Tribunal Constitucional, según la cual «toda discriminación derivada de la orientación sexual del individuo» estaría incluida en la clausula: «cualquier otra condición o circunstancia personal o social».
La denuncia recuerda, por último, los dictámenes de Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea del año 2000 e incluso el articulado de la Ley General de Publicidad, que sanciona los anuncios que presenten una imagen de la mujer «asociada a comportamientos estereotipados que vulneren los fundamentos de nuestro ordenamiento coadyuvando a generar la violencia a la que se refiere la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género».
La Policía Nacional, por su parte, también ha abierto atestado y va a tomar declaración a las personas implicadas en el autobús de HazteOír. La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana estudia así mismo la posibilidad de que la Abogacía del Estado se persone en la causa.
El delito de odio está castigado en el Código Penal con pena de prisión de uno a cuatro años y además con la pena de multa de seis a doce meses.
Todo parece indicar, en cualquier caso, que esto ya no ocurrirá, pues durante su estancia en las dependencias de la Policía Local el autobús de HazteOir quedó completamente desprovisto de la publicidad que llevaba. De hecho, solo cuando fue así, pudo volver a salir a la calle para volver, según fuentes municipales, a la base de la empresa contratada, que está en Madrid.
Una vez superado el trance, el alcalde de València, Joan Ribó, celebró ayer que las consignas del autobús de HazteOír «no se hayan difundido» en la ciudad, y calificó de una «terrible provocación» que intentara difundir mensajes antifeministas «precisamente la semana del 8 de marzo, de lucha por la igualdad».
Por su lado, la portavoz socialista, Sandra Gómez, defendió la labor policial y aseguró que la normativa es clara cuando se trata de un problema de seguridad y se «atenta contra la dignidad de las personas».
