El Ayuntamiento de València incorporará de manera urgente 17 nuevos inspectores de servicios y obras para avanzar en la labor de control implantada esta legislatura y que junto con el embargo de cuentas bancarias ha permitido recuperar 29 millones de euros en los tres últimos ejercicios. Con estas incorporaciones, el cuerpo de inspectores llega a la cifra de 92, lo que supone un incremento del 23% respecto al estado actual.
La incorporación de estos nuevos inspectores fue aprobada ayer por la Junta de Gobierno Local y forma parte del plan municipal para que todo el mundo pague lo que le corresponde en materia impositiva. Hace apenas unas semanas, el alcalde de València, Joan Ribó, aseguraba que en el año 2017 se había puesto en marcha la inspección del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), una labor que no se venía realizando desde el año 2004. Y se empezó a inspeccionar también el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), que nunca se había hecho antes en la ciudad.
Gracias a estas inspecciones y al acuerdo con la Generalitat Valenciana para embargar cuentas bancarias fuera de la capital se ha conseguido recuperar 29 millones de euros en los últimos tres años. Solo del Impuesto de Actividades Económicas se recuperaron 4,8 millones y del ICIO otros 3,1 millones.
Un paso más
Ahora, pues, la idea es seguir abundando en la lucha contra el fraude y para ello se ha vuelto a reforzar el cuerpo de inspectores del Ayuntamiento de València. La Junta de Gobierno Local aprobó ayer la incorporación «excepcional» y «urgente» de 17 inspectores de obras y servicios para diferentes departamentos municipales y además acordó modificar la organización de los mismos de acuerdo con las necesidades de cada concejalía.
Para cubrir estas necesidades del cuerpo de inspectores se ha calculado un gasto de 640.000 euros aplicables a los presupuestos generales.
Fuentes del Ayuntamiento de Valéncia recalcaron la necesidad de mejorar la labor inspectora por una cuestión de «igualdad», más que recaudatoria, pues «resulta injusto que unas personas o empresas estén pagando sus impuestos rigurosamente y otros no lo hagan y además el consistorio, que tiene la responsabilidad en este sentido, no ejerza su responsabilidad fiscalizadora».
En este caso, además, se ha declarado la excepcionalidad y urgencia de las nuevas incorporaciones, lo que da una idea de la necesidad de la administración local de avanzar en las inspecciones económicas.
