Más de un centenar de contenedores naranjas de ropa de segunda mano ocupan las calles de la ciudad de València y acumulan lo que supone las sobras de unos y las carencias de tantos otros. Estas prendas, además, permiten dar empleo a personas que se encuentran en situación de exclusión social, quienes se encargan de la recogida, el reciclado y el reparto a tienda de segunda mano de la ropa donada.

Estos son regulados a través de convenios entre el Ayuntamiento de València y las entidades que se encargan de su gestión: la Asociación la Casa Grandes, la Fundación José María Haro-Intra (gestionada por Cáritas) y la Asociación Rastrell. Hasta ahora, sumaban hasta 150 contenedores tras el último acuerdo del 9 de diciembre de 2016 (en un principio, con el acuerdo de 2013, se colocaron 75). Ahora, con la renovación del convenio (que se firmará el próximo miércoles), el Ayuntamiento ha decidido doblar a 300 los contenedores de ropa y calzado que se ubicarán en lugares de dominio público de la ciudad (también en sus pedanías) como respuesta a la petición de las entidades.

Esta actividad no solo es fundamental para la recuperación de la ropa usada (con lo que se consigue reducir el volumen global de residuos y los niveles de contaminación medioambiental), sino que a su vez favorece y promueven el empleo de personas en exclusión social. «Contamos con personas sin hogar, con adicciones o con diversidad funcional»», indica Eduardo Clemente, director de La Casa Grande, quien calcula un par de meses hasta el despliegue total de los nuevos contenedores. Así, conforme a los datos facilitados por las entidades, la cantidad de ropa usada recogida en la ciudad ha sido de 1.394.696 kilos en el año 2017, dando trabajo a 24 personas en riesgo de exclusión social, y de 1.491.858 durante 2018, cuando fueron 22 las personas empleadas.

Un trabajo que no solo les permite obtener un salario digno por ello (según el convenio, el sueldo debe ser superior a los mil euros), sino la satisfacción de sentirse necesarios y la consecución de hábitos de socialización que quizás estaban perdidos, explica Clemente. Y es que otro de los objetivos con esta iniciativa es el de aportarles, de nuevo, hábitos sociolaborales. Entre otras cosas, mediante la realización de talleres previos a trabajar en la recuperación de esta ropa reutilizada.

«Es importante destacar la importancia de ofrecer este servicio porque lleva adscrito una serie de actividades como son la recogida de la ropa, su lavado y planchado, su reparación así como la posterior comercialización», indica la concejala de Servicios Sociales, Consol Castillo.

Pese a que las entidades tienen total libertad para donar o revender siempre a un bajo coste el material que se recoge de los contenedores de ropa (Cáritas la pone a la venta en sus cuatro tiendas de segunda mano por tres o cinco euros, mientras Casa Grande las vende a mayoristas para su exportación, la mayoría de veces a Marruecos o Guinea Ecuatorial, por 35 céntimos el kilo), el convenio del Ayuntamiento estipula que todas las organizaciones que gestionan los contenedores tienen el deber de proporcionar ropa de manera gratuita a aquellas personas en situación de extrema necesidad que sean derivadas desde los Servicios Sociales del consistorio. Y es que, además, «a través de las asociaciones que gestionan el servicio, se dignifica la adquisición de la vestimenta, ya que cada persona puede ir a una de esas tiendas y elegir la ropa que más le guste a cada uno», según ha manifestado Castillo.

Asimismo, en caso de producirse algún incidente (como el ocurrido en 2010 cuando falleció una persona al intentar acceder a la ropa que había en el interior y quedarse atrapado) son las entidades las que responderán por los daños que estos contenedores pudieran ocasionar.