«València no está en venta» denuncia que la ampliación de la V-21, el acceso norte del puerto de València y el AVE Barcelona-València «amenaza» con destruir 80.000 metros cuadrados de huerta protegida y «alquerías centenarias». Que quien «se anunciaba como gobierno del cambio», pese a «algunas medidas proteccionistas», no está mostrando el apoyo que se esperaban. «Aún no han comprendido que el cambio climático lo tenemos encima, que la destrucción del territorio y el crecimiento sin límite contradicen toda sostenibilidad», esgrimen en un manifesto.

La campaña «València no está en venta», integrada por varios colectivos como Entre Barris, Per l'Horta, Accio? Ecologista-Agro?, Cuidem Benimaclet o Salvem Godella, renueva ahora su manifiesto en el que, además de incluir medidas que protejan la huerta (contra la aprobación del Plan Especial de la Zal o el PAI de Benimaclet), denuncian la «gentrificación» y «turistifación» de los distintos barrios de València, haciendo de la vivienda «una mercancía que termina con la expulsión de sus casas a centenares de personas en riesgo de exclusión». Una situación que ya es costumbre en barrios como los de Ciutat Vella y Russafa, pero que ya se está extendiendo a la periferia de la ciudad en barrios como Orriols, Patraix, Benimaclet o la Saïdia.

De esta forma, exigen una reflexión entorno al modelo de ciudad que se quiere para el futuro, así como alternativas «reales» de desurbanización o de regulación del alquiler, poniendo el foco en una «economía local». Porque, dicen, «como sociedad no se puede entender que haya miles de casas vacías y miles de personas sin casa».