06 de abril de 2019
06.04.2019
Seis viviendas

La amenaza del desahucio se cierne sobre un bloque entero del Cabanyal

Entre los inquilinos en riesgo de desalojo hay una familia con cuatro menores a su cargo

05.04.2019 | 22:00
Sara y Francisco viven con sus cuatro hijos en la finca del Cabanyal.

Tienen cuatro menores a su cargo, el mayor de 15 años y el menor de cuatro. La ley de protección al menor condena la simple posibilidad de que estos puedan quedarse sin un hogar, pero el riesgo de que vivan en la calle se está convirtiendo en una realidad cada vez más común. Se trata de una familia del Cabanyal que, tras su matrimonio, decidió mudarse al barrio portuario. Desde entonces viven allí, en la calle Vicente Brull. Primero en el número 65 y, desde hace poco menos de quince años, al número 67, debido al estado deplorable de la primera vivienda. Ahora ellos, junto a otras cinco familias de la finca, se encuentran en riesgo de desahucio.

Hace dos años que una entidad bancaria embargó todo el edificio debido a las deudas que acumulaba el antiguo propietario del bloque. Todas las viviendas del inmueble estaban alquiladas, por lo que desde el juzgado se instó a la entidad bancaria a que subrogase cada uno de los contratos (ahora en manos de una sociedad que aglutina la mayoría de los activos inmobiliarios de la entidad bancaria) para evitar que quedasen en la calle, dado que ninguno de ellos había incumplido el pago del alquiler.

«No sé si por error o por no saber, pero ninguno de nosotros pedimos un número de cuenta donde seguir pagando el alquiler una vez el banco embargó el edificio», reconoce Sara Bermúdez, madre de los cuatro pequeños. Tampoco nadie les advirtió que podían abrir una cuenta en el juzgado para seguir pagando el alquiler y, cuando el banco les rindiera cuentas por impago, hubiese un lugar que acreditase su cumplimiento con el contrato.

«Hablamos de personas con una educación básica que no conocen los entresijos de la ley, así que cuando la finca pasó a manos del banco y la entidad no les cobró por el arrendamiento, nadie supo cómo actuar. Aquí empezó la trampa. Querían contar con la suficiente legitimidad como para echar a todos de la finca, reformarla y alquilar las viviendas de nuevo, pero por mucho más», reconoce Guillem Ribera, de Espai Veïnal del Cabanyal, entidad que asesora a todos los que se han visto perjudicados.

Según explica Guillem, en el edificio hay seis viviendas. En una de ellas vive Sara, su marido y sus cuatro hijos. Esta no es la única familia que reside en el edificio, puesto que en la parte superior vive otra con dos niños. También tienen allí su hogar otros dos jóvenes y una mujer que se mudó hace meses a otro piso tras un primer intento de desahucio. Solo uno de los inquilinos vive sin el riesgo de desalojo al tratarse de un alquiler de renta antigua.

Sara no es un caso aislado

Lamentablemente, este no es el único caso en un barrio enmarcado por la burbuja del alquiler y la gentrificación. Desde Entre Barris aseguran que ya hay una decena de viviendas que se encuentran en riesgo de desahucio. «Y las que no se saben», remarca Guillem. Las víctimas son, en su mayoría, colectivos vulnerables que viven en el barrio desde hace más de diez años. De hecho, la casa en la que reside Sara, por la que paga 350 euros, se cae a trozos y tampoco cumple con los mínimos para una familia de seis miembros: solo cuenta con dos habitaciones.

No obstante, en el barrio, dicen, encontraron la red de apoyo que necesitan. Cuentan con el apoyo de su suegra, dado que los únicos ingresos a los que pueden acceder provienen de la venta ambulante de su marido en los distintos mercadillos de barrio. «Quinientos euros al mes no dan para mucho», explica Sara, quien con 35 años se ve ahora en riesgo de desahucio con cuatro niños. «Es algo muy duro para una madre contemplar la posibilidad de que tus hijos tengan que dormir en la calle... Me desquicio», lamenta Sara.

Ella, junto con su marido, ha buscado asesoramiento de urgencia en los servicios sociales del Ayuntamiento, dado que su desahucio estaba previsto para el 23 de abril (ayer el banco anunció el aplazamiento del desalojo provisionalmente). Allí, indica Sara, les dieron la posibilidad de buscar una vivienda fuera de València. «Es como querer arrojar a alguien de un sitio para llevarlo a otro», asegura Sara, «el problema es que no contamos con ese otro sitio al que ir».

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