La empresa organizadora de las Paellas Universitarias 2019 pudo celebrar ayer la fiesta para sus 25.000 clientes gracias a una declaración responsable que precisaba de una resolución municipal y por el temor de los responsables municipales a que una intervención policial generara disturbios y diseminara el «botellón» por toda la zona. No obstante, la Policía Local levantó acta de todo lo que ocurrió y presentó denuncia en el juzgado por desobediencia y por superar los 90 decibelios reglamentarios. El aforo era correcto, dijeron fuentes policiales.

En principio, el Ayuntamiento de València, a través de la Delegación de Actividades, desautorizó la fiesta por problemas de seguridad con las vías del tren, por estar en huerta protegida y por no tener informe de contaminación acústica. Además, la Asociación de Vecinos de la Punta había presentado una denuncia en el juzgado para detener la fiesta. Pero el juzgado desestimó a última hora del jueves la petición de los vecinos y ya solo quedó la resolución del ayuntamiento.

Así pues, para contrarrestar esa desautorización oficial y con el convencimiento de que «todo estaba en orden», la empresa presentó a última hora, poco antes de que diera comienzo el evento, una declaración responsable acompañada de un certificado OCA (Organismo de Certificación Administrativa), «organismo habilitado por la Administración para la inspección y la emisión de certificación de los establecimientos públicos, actividades recreativas y espectáculos públicos, como el que representa el Festival de Paellas Universitarias 2019», dijeron los organizadores. También el informe de contaminación acústica.

Eso hizo que los responsables municipales optaran por la prudencia en vez de recurrir a la fuerza. Todo lo que pudieron hacer fue enviar a sus inspectores y a la Policía Local para que levantaran acta de todo lo que estaba ocurriendo y estudiar la documentación presentada por la empresa para ver si cumplía todos los requisitos.

De hecho, se ha abierto un expediente administrativo para resolver la declaración responsable y la Policía Local ha presentado denuncia en el juzgado por desobediencia y por superar los límites de sonido. Si prosperan estos expedientes, la empresa puede enfrentarse a una multa de hasta 300.000 euros.