El Servicio de Actividades del Ayuntamiento de València ha decidido sancionar a la empresa Paellas Universitarias 2019 por el evento desarrollado el pasado viernes en La Punta sin contar con la autorización municipal. Se le sancionará, de hecho, por incumplir los tres asuntos en los que se basaba la prohibición: poner en peligro la seguridad ferroviaria al estar en las proximidades de unas vías; estar en huerta protegida y no disponer del informe de contaminación acústica.

Según explicaron fuentes municipales, los técnicos de Actividades ya han estudiado la declaración responsable presentada por la empresa organizadora de las paellas y se ha tomado una decisión que ahora deberá ser aprobada en la Junta de Gobierno Loval de esta semana. Es decir, esa declaración responsable permitió seguir adelante con el evento a pesar de la prohibición del ayuntamiento, pero no evitará una posible sanción.

Tras analizar la documentación presentada por la empresa se ha comprobado que no estaban resueltos los motivos por los que se prohibió el festival, de manera que se ha dado por cerrado el expediente y se ha trasladado a la Junta de Gobierno para que le dé su aprobación definitiva. Si es así, el expediente se remitirá al Servicio del Procedimiento Sancionador para que establezca la cuantía final, que puede oscilar entre los 30.000 y los 300.000 euros.

Por otro lado, los servicios jurídicos del Ayuntamiento de València están estudiando la posibilidad de denunciar a la empresa en el juzgado por incumplimiento de la prohibición, denuncia que podría desarrollarse en paralelo o unirse a la que ya ha presentado la Policía Local de València, que acudió inmediatamente al juzgado por «desobediencia» y por superar los 90 decibelios de sonido que tenían como límite.

La Paellas Univcersitarias 2019 se confirman, por tanto, como las más polémicas de cuantas se han desarrollado en València hasta el momento. El ayuntamiento decidió 24 horas antes del evento que no cumplía los requisitos y las desautorizó, pero los organizadores siguieron adelante con la fiesta convencidos de que cumplían todas las exigencias y después de presentar una declaración responsables que supuestamente amparaba la fiesta.

Al final, las paellas se celebraron con asistencia de 20.000 jóvenes, pero ahora la empresa deberá asumir las consecuencias administrativas y jurídicas.