La primera transferencia del Gobierno de España al Ayuntamiento de València para combatir la violencia de género dentro del marco del pacto de Estado contra el machismo firmado en 2018 ha acabado en polémica por el destino que el consistorio ha dado a la partida. La ayuda destinada a València (158.589 euros) irá dirigida en su integridad a financiar un contrato que el Ayuntamiento de València acaba de licitar. Se trata de un contrato cuyo objetivo es «desarrollar, implementar y evaluar un programa de intervención psicosocial con hombres que ejercen violencia sobre las mujeres». En concreto, se actuará con hombres condenados por violencia machista (serán seleccionados desde Instituciones Penitenciarias) y aquellos que voluntariamente quieran apuntarse para reconducir sus comportamientos violentos.
El anuncio ha generado un enfado mayúsculo entre buena parte del movimiento feminista, sobre todo, entre aquellas entidades que trabajan con las víctimas. Más allá de cuestionar la eficacia de estos cursos, las entidades de mujeres cuestionan que la primera actuación del «Cap i casal» con el dinero del pacto de Estado esté destinada a los victimarios. El contrato tiene un importe de 209.373 euros, un dinero en el que está incluido la partida completa del Gobierno central más el 25% que, según la resolución que avala la transferencia, tiene que aportar el municipio.
Las feministas han trasladado su malestar a la concejala de Políticas Inclusivas, Isabel Lozano (Compromís), promotora del contrato. Es más están preparando un recurso especial en materia de contratación para tratar de frenar la licitación. Tienen previsto movilizarse y el 25 de abril han convocado una protesta en la puerta del Ayuntamiento.
Los cursos a maltratadores han sido siempre una cuestión peliaguda, aunque desde muchos sectores se defiende su utilidad. De hecho la memoria justificativa del contrato ofrece datos sobre su efectividad. El principal punto de fricción es de dónde debe provenir este dinero y, en términos generales, desde las asociaciones de mujeres se exige que esta intervención con los hombres no suponga detraer fondos para las víctimas. Fue uno de los acuerdos alcanzados en el seno del pacto valenciano contra la violencia machista.
Ninguna mención a victimarios
La lectura detallada de la resolución del Gobierno de España por el cuál se transfiere dinero a los ayuntamientos parece dar la razón a las entidades de mujeres que han protestado. La orden establece que los ayuntamientos destinarán los fondos recibidos a proyectos incluidos en el Pacto de Estado y pone una serie de ejemplos: campañas de sensibilización, unidades de apoyo municipales para identificar a las víctimas de violencia de género, garantizar su asistencia integral, apoyo psicológico, social, refuerzo de los servicios municipales de atención a las víctimas, refuerzo a los cuerpos de policía local adheridos al sistema Viogen, puntos de encuentro, etc. Ninguna de las actuaciones menciona a los victimarios.
En la documentación de los pliegos de este concurso se especifica que el programa está enmarcado en Programa de la Administración Penitenciaria de Intervención para Agresores de Violencia de Género en Medidas Alternativas ( PRIA-MA). Sobre la efectividad de los programas, el Ministerio de Interior aporta datos sobre la evaluación realizada en programas sobre intervención de hombres condenados por delitos de violencia de género en medidas de penas alternativas. La tasa de reincidencia es de un 4,6%. En el pliego se ofrecen datos también sobre el incremento de mujeres víctimas de violencia de género en la provincia de València y sobre el quebrantamiento de penas: 322 hombres de un total de 776 condenados. Por ello se concluye que junto al aspecto preventivo y educativo es «fundamental ofrecer un tratamiento psicosocial sobre los hombres agresores».
