A falta de viviendas sociales y con el fin de generar vivienda asequible en la ciudad de València para los colectivos más vulnerables, tales como mayores de 65 años, víctimas de desahucios, personas con diversidad funcional, jóvenes de 18 a 34 años (en 2018, casi la mitad de beneficiarios de las ayudas fueron menores de 35 años), mujeres víctimas de violencia de género, familias monomarentales (el 69 % de las ayudas del pasado año fueron destinadas a mujeres), familias numerosas y víctimas de terrorismo, la Junta de Gobierno Local aprobó ayer la nueva convocatoria de ayudas municipales al alquiler para 2019, con un presupuesto de dos millones de euros. El objetivo, según indicó la portavoz municipal de Podemos, María Oliver, es pagar hasta el 40 % de las rentas que no superen los 600 euros (el precio medio de los alquileres a los que se destinaron las ayudas en 2018, era de 350 euros), lo cual supone un máximo mensual de 240 euros y 2.880 euros anuales.

Una ayuda que pretende «suplementar» las que tiene la conselleria para llegar a grupos concretos, explicó Oliver. Estas ayudas, de hecho, llegaron sobretodo en 2018 a los distritos de Rascanya (12 %), Quatre Carreres (9 %), y l'Olivereta (8,4 %).

Las personas interesadas en las ayudas tendrán un plazo de un mes a partir de su publicación en el BOP para formalizar sus solicitudes, lo que seguramente se producirá la semana próxima, señaló Oliver.

Comité de buenas prácticas

También la Junta de Gobierno aprobó el nuevo comité de ética y buenas prácticas en los servicios sociales municipales, que tiene como función, a partir de ahora, asesorar en situaciones en la que se planteen conflictos éticos y elaborar protocolos y orientaciones para afrontar este tipo de situaciones. Además, también promueve la formación ética de los profesionales.

El comité, que puede crear grupos de trabajo, está formado por personal adscrito al sistema de Servicios Sociales municipales, personal funcionario de otros servicios y por personas expertas en materia de ética e innovación, ajenas al sistema de Servicios Sociales. «Esto comporta la humanización en el trato, la mejora de la calidad de las actuaciones, la eficacia de las intervenciones, el registro y difusión de las buenas prácticas y fomentar la excelencia del ejercicio profesional», indicó la edil Consol Castillo.

Conciliación en las escoletes

Asimismo, se aprobó la incorporación de ocho educadores (una maestra, seis educadores y un auxiliar de servicios) para las escoletes infantiles municipales Solc, Quatre Carreres y Gent Menuda. Las AMPAS de estas escoletas lamentaban hace ahora un mes que la falta de personal había complicado los servicios de conciliación en los centros, como el horario de matinera y la escuela de verano, Navidad o Pascua, como sí ocurre en el resto de guarderías privadas.