Los propietarios de apartamentos turísticos, agrupados en la Asociación de Viviendas de Alquiler para Estancias Cortas de València (Avaec), ha dirigido un escrito a todos los partidos políticos para pedirle una revisión de la política criminalizadora que se está haciendo del sector. Aseguran que este tipo de viviendas cumple también muchos fines sociales y piden que se las trate como viviendas comunes de uso residencial
Con apenas tres años de vida, esta asociación representa tanto a particulares que han decidido alquilar inmuebles de su propiedad -como fuente esencial o complementaria de ingresos-, como a gestores profesionales de viviendas de usos turísticos (VUT), que, según dicen, «están contribuyendo tanto a activar la economía local como a satisfacer una necesidad que es ya una tendencia imparable en todo el mundo». En este sentido, argumentan que los pisos turísticos garantizan la libre elección de los ciudadanos «no solo para hacer turismo sino también por cuestiones profesionales u otras, como sometimiento a tratamientos sanitarios».
Con el envío de sus propuestas a los candidatos, la asociación ha querido poner de relieve «ciertos errores de interpretación sobre los que se ha planteado la nueva regulación del alquiler de viviendas para estancias cortas», lo que la hace que esté «viciada de origen», con la gravedad que ello supone, dadas las importantes consecuencias, restrictivas y limitadoras, de los derechos de sus propietarios que ya está generando, opinan.
Niegan la mayor
Recuerdan que la regulación planteada en los últimos meses por las diversas administraciones y, en particular, por el Ayuntamiento de València, «resulta injusta y desproporcionada para quienes alquilan viviendas para estancias cortas, además de no responder a un diagnóstico previo de la situación que la justifiquen, por no basarse en datos reales ni rigurosos». A su juicio, no es cierto el aumento del precio del alquiler; el descenso de la población residencial por la presión del turismo; conflictos de convivencia con el resto de vecinos; el deterioro del espacio público (suciedad) y contaminación ambiental (acústica); o el cierre de comercios de barrio.
La asociación Avaec destaca, así mismo, que la inmensa mayoría de las personas que alquilan sus viviendas tomaron su decisión en un escenario de crisis y, cumpliendo la regulación vigente en ese momento, se lanzaron a hacer una importante inversión para adecuar sus inmuebles a estos fines.
Consideran, por tanto, que las personas a las que representan se encuentran en una situación de inseguridad e indefensión jurídica y de gran desconcierto, generada por lo que gráficamente se podría describir como un «cambio de reglas del juego a mitad de la partida».
Para remediarlo, pues, la entidad pide que se les considere un interlocutor válido dentro del Consell Municipal de Turisme y en el Observatorio de Turismo y Ocio. También piden un estudio riguroso de estos apartamentos y sus usos y, lo más importante, la modificación del régimen de usos y actividades contenidos en los Planes Especiales de Ciutat Vella y Cabanyal, de manera que dejen de tratarse como viviendas turísticas y sean tratadas como residenciales o, en todo caso, compatible con este uso, «reservando la calificación como uso terciario hotelero a aquellos supuestos en los que se prestan en la vivienda servicios propios de la industria hotelera».
