Mañana a las 18.00 horas está prevista una concentración a las puertas de la Asociación de Vecinos de Isla Perdida, en la calle Alger, con el objetivo de evitar el cierre de la misma. El pasado 23 de mayo, todos los socios de la asociación recibieron una notificación por parte de la junta directiva de la organización en el que se comunicaban dos puntos a tratar. El primero de ellos era la disolución de la asociación vecinal y, como resultado, el segundo se refería al nombramiento de la comisión liquidadora.

Una parte de los miembros de la asociación se niega a que la asociación, de carácter municipal y con un recorrido histórico de más de 50 años, pueda cerrar sus puertas. Y menos aún, según denuncian, cuando se ha incumplido parte de los estatutos de la asociación durante los últimos años. Quien está al frente de la junta directiva, denuncian los vecinos, lleva allí más de treinta años. Algo que prohibe el reglamento, que fija un máximo de 12 años por persona. Aunque esto, dicen, es lo de menos.

Miembros del colectivo vecinal se quejan de la gestión realizada durante los últimos años y, en especial, en los últimos meses, cuando en asamblea se aprobó el cambio de algunos puntos de los estatutos. Mientras la mayoría de las asociaciones permiten la afiliación de personas empadronadas en la ciudad de València, independientemente del barrio en el que residan, la junta directiva decidió restringir la afiliación a quienes estén empadronados en el distrito. Una medida con la que muchos no estuvieron de acuerdo.

También denuncian la falta de actividades llevadas a cabo en el centro, después de proponer desde talleres de defensa personal, hasta algunos de costura. Ayer, sin embargo, los afectados acudieron a la sede de la asociación para pedir el balance de cuentas de los últimos meses que, denuncian, tampoco están recibiendo, y encontraron en el interior del local a decenas de personas realizando clases de «diseño humano».

Un curso por el que cobran, tal como señalan los vecinos, más de 100 euros por sesión. A parte de realizar una actividad por la que el centro se está lucrando, algo que no permiten los estatutos de la asociación, los afectados aseguran que encontraron allí gente que venía de Zaragoza, «aunque no se permite la afiliación de personas que no estén empadronadas en el distrito de Algirós», denuncia Teresa, una de las vecinas de esta asociación que recuerdan como una de las más activas de toda la ciudad de València y que ahora se ve abocada al cierre.