La Agencia Antifraude de la Comunitat Valenciana ha detectado una «infracción muy grave» de la Ley de Transparencia en la contratación por el Ayuntamiento de València del servicio de asesoramiento y mediación hipotecaria para personas en situación de riesgo y ha estimado que la administración debe exigir «responsabilidades disciplinarias». Así lo recoge una resolución de la Agencia Antifraude fechada el 9 de abril, emitida a raíz de una escrito del Partido Popular en el que este partido cuestionaba el presunto fraccionamiento de facturas en el Ayuntamiento de València durante los años 2016 y 2017 relativas a la contratación de dicho servicio a El Rogle Cooperativa Valenciana.
Antifraude señala en su resolución que dicha contratación, por la que se abonaron a El Rogle 37.771 euros entre abril de 2016 y mayo de 2018, se hizo «eludiendo los requisitos relativos al procedimiento negociado son publicidad», y «no se ha respetado el importe y la duración previstos en el contrato menor» efectuado.
La Agencia indica que, siendo «loable» el objetivo de este servicio de intermediación en materia de vivienda, «es también imprescindible» que se lleve a cabo «sin prescindir de los cauces legales y de la mayor transparencia, para no menoscabar su eficacia», y cumpliendo el deber de someterse a la ley y el derecho.
Reparos de la Intervención
Según este organismo, aunque el interventor del Ayuntamiento de València emitió reparos a esa contratación al detectar un posible fraccionamiento, se continuó con la ejecución del servicio por el mismo contratista, utilizando la figura «excepcional» del enriquecimiento injusto y evitando el «control interno» de la Intervención.
La concejala electa del PP María José Català señaló ayer en un comunicado que, de acuerdo con la ley de Transparencia y Buen Gobierno, el ayuntamiento debe anular los contratos y subsanar las irregularidades, además de restituir, en su caso, las cantidades percibidas o satisfechas indebidamente y destituir al cargo público responsable, salvo que ya hubiese cesado.
Concesión «a dedo»
Según Català, la «privatización» de este servicio de mediación llevada a cabo por la exportavoz de Podemos en el Ayuntamiento de València, María Oliver, evidencia «la gran mentira del discurso del tripartito en defensa de la administración pública», y supone que los valencianos paguen «más del doble de lo que costaba este servicio cuando lo llevaba el Colegio de Abogados».
También calificó de «alarmante» que un servicio «necesario y previsible» como el de la intermediación hipotecaria se adjudicara en su momento «a dedo», y cree que es «muy grave que el servicio se esté prestando con un coste elevado, favoreciendo a una empresa privada».
