05 de junio de 2019
05.06.2019

Antifraude detecta una "infracción muy grave" en el contrato para la mediación hipotecaria

La agencia sanciona el fraccionamiento de contratos para eludir el procedimiento negociado con publicidad

04.06.2019 | 23:25

La Agencia Antifraude de la Comunitat Valenciana ha detectado una «infracción muy grave» de la Ley de Transparencia en la contratación por el Ayuntamiento de València del servicio de asesoramiento y mediación hipotecaria para personas en situación de riesgo y ha estimado que la administración debe exigir «responsabilidades disciplinarias». Así lo recoge una resolución de la Agencia Antifraude fechada el 9 de abril, emitida a raíz de una escrito del Partido Popular en el que este partido cuestionaba el presunto fraccionamiento de facturas en el Ayuntamiento de València durante los años 2016 y 2017 relativas a la contratación de dicho servicio a El Rogle Cooperativa Valenciana.

Antifraude señala en su resolución que dicha contratación, por la que se abonaron a El Rogle 37.771 euros entre abril de 2016 y mayo de 2018, se hizo «eludiendo los requisitos relativos al procedimiento negociado son publicidad», y «no se ha respetado el importe y la duración previstos en el contrato menor» efectuado.

La Agencia indica que, siendo «loable» el objetivo de este servicio de intermediación en materia de vivienda, «es también imprescindible» que se lleve a cabo «sin prescindir de los cauces legales y de la mayor transparencia, para no menoscabar su eficacia», y cumpliendo el deber de someterse a la ley y el derecho.

Reparos de la Intervención

Según este organismo, aunque el interventor del Ayuntamiento de València emitió reparos a esa contratación al detectar un posible fraccionamiento, se continuó con la ejecución del servicio por el mismo contratista, utilizando la figura «excepcional» del enriquecimiento injusto y evitando el «control interno» de la Intervención.

La concejala electa del PP María José Català señaló ayer en un comunicado que, de acuerdo con la ley de Transparencia y Buen Gobierno, el ayuntamiento debe anular los contratos y subsanar las irregularidades, además de restituir, en su caso, las cantidades percibidas o satisfechas indebidamente y destituir al cargo público responsable, salvo que ya hubiese cesado.

Concesión «a dedo»

Según Català, la «privatización» de este servicio de mediación llevada a cabo por la exportavoz de Podemos en el Ayuntamiento de València, María Oliver, evidencia «la gran mentira del discurso del tripartito en defensa de la administración pública», y supone que los valencianos paguen «más del doble de lo que costaba este servicio cuando lo llevaba el Colegio de Abogados».

También calificó de «alarmante» que un servicio «necesario y previsible» como el de la intermediación hipotecaria se adjudicara en su momento «a dedo», y cree que es «muy grave que el servicio se esté prestando con un coste elevado, favoreciendo a una empresa privada».

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