El Ayuntamiento de València ha presentado una batería de sugerencias al futuro decreto del Consell que regulará, previsiblemente a lo largo de este año, las nuevas entidades colaboradoras de la Administración para la gestión de las licencias urbanísticas. Con la aprobación de este decreto los ayuntamientos podrán delegar en empresas externas y colegios profesionales la farragosa tramitación de las licencias urbanísticas tanto de obra nueva como de reforma. El ayuntamiento se reservará la fiscalización e inspección final de las obras para comprobar que cumplen la legalidad.
El Consell impulsa este decreto, previsto en la modificación de la ley de Ordenación del Territorio, como tabla de salvación frente al atasco de licencias que arrastran ayuntamientos como el de València, donde la obtención de una licencia de obra nueva no tarda menos de seis meses. El pasado viernes concluyó el plazo de información y consultas previas del citado decreto, una de las medidas más esperadas por el concejal de Desarrollo Urbano (en funciones), Vicent Sarrià, que lleva más de un año reclamando su aprobación.
El Ayuntamiento de València, interesado en esta normativa pero con muchas dudas al respecto, ha presentado varias consideraciones en el proceso de consulta impulsado por la Conselleria de Obras Públicas y Vertebración entre las que se incluye «que se fijen unos límites mínimos y máximos de los precios a percibir en el ejercicio de las funciones a realizar, que deberán ser aprobados con carácter anual por la conselleria competente». El ayuntamiento quiere que evitar así el cobro aleatorio del servicio al ciudadano o la guerra de precios.
Del mismo modo, recuerda que a la hora de nombrar a las entidades colaboradoras no se podrá establecer un trato de prioridad para los colegios profesionales (de ingenieros, arquitectos, etc...) que desde hace tiempo vienen reclamando la puesta en marcha de esta medida, que abre su abanico profesional y de ingresos a un sector muy castigado por la crisis económica. El ayuntamiento recuerda que la Comisión Nacional de la Competencia ya ha advertido de que normativamente no puede haber «trato de favor» de los colegios profesionales respecto del resto de entidades colaboradoras. Todas deberán seguir el mismo procedimiento de homologación y registro para no vulnerar la normativa, recuerda el ayuntamiento en su escrito de consideraciones previas.
Para la prestación del servicio de gestión externa de las licencias urbanísticas el ayuntamiento deberá suscribir convenios con dichas entidades.
El ayuntamiento también propone que las entidades colaboradoras se sometan a mecanismos de control y auditorías obligatorias tanto de carácter ordinario como extraordinario.
El atasco de las licencias en el servicio de Desarrollo Urbano ha sido una de las quejas recurrentes a lo largo de la última legislatura, sobre todo, por parte de los promotores urbanísticos que han criticado la demora en la resolución de las licencias en un momento de reactivación del sector de la construcción.
La nueva ley de Ordenación del Territorio prevé la puesta en marcha de un sistema de participación de entidades colaboradoras acreditadas que permitan desatascar los servicios municipales y que ya se ha aplicado con buenos resultados en otros ámbitos como las licencias de espectáculos y las ambientales.
Ciudades como Barcelona y Madrid ya han echado mano de esta fórmula para dar respuesta al aumento de las licencias urbanísticas fruto de la reactivación del sector de la construcción en todo el país.
