Cuando Josefa Granados supo que la nueva Renta Valenciana de Inclusión (RVI) ya se podía solicitar y el requisito era carecer de ingresos llamó a los Servicios Sociales de Campanar. Tras varios días escuchando «la línea está fuera de servicio» se personó en el centro para pedir información. Era abril de 2018. Tenía que pedir cita para saber qué hacer y cómo hacerlo. Le dieron cita para el 10 de diciembre, ocho meses después, y le entregaron el formulario impreso. El 3 de septiembre la mujer presentó su solicitud. No quería esperar hasta el 10 de diciembre. No podía esperar.
Los pocos ingresos que tenía -230 euros por cuidar a un anciana, sin contrato- desaparecieron a principios de octubre así que Josefa se volvió a personar en el centro municipal de servicios sociales para ver cómo iba su renta y explicar las dificultades que estaba atravesando. Le explicaron que podía solicitar una ayuda de emergencia pero que, para hacerlo, debía volver a pedir cita previa. Lo hizo. La emplazaron para el 7 de febrero. «Les expliqué que yo tenía una cita para el 10 de diciembre, aunque era para la RVI y me dijeron que eso era otra cosa y que cada ayuda tiene sus trámites y su personal encargado», explica.
Sin embargo, el 10 de diciembre, Josefa acudió a la cita que tenía solicitada, aunque ella ya había presentado la renta. «Me explicaron que tardaría unos 9 meses en recibirla y que para pedir la ayuda de emergencia social debía ir el 7 de febrero porque era cuando tenía la cita», repite. Esperó el día como agua de mayo y se personó a la hora acordada. «Me dijeron que la ayuda es de 400 euros y que debía invertir el dinero en comida. De hecho, me dieron un sobre para que guardara allí los tickets de la compra», aclara. Sin embargo, una semana después, el 14 de febrero, la llamaron del nuevo centro de Servicios Sociales que el ayuntamiento había abierto a finales de enero en Saïdia. Habían hecho traspaso de usuarios y Josefa era una afectada.
«La trabajadora social me dijo que ella, sin hacer entrevista, no daba alimentos a nadie y me dio cita para dos semanas después», explica. Se vuelve a personar y el problema reside entonces «en que a mi hijo le salió unos meses antes un contrato de 12 horas a la semana y me pidió el contrato. La empresa no se lo quería dar y tras insistir lo consiguió, aunque dos semanas después le despidieron. Le llevamos el contrato y días después firmó el finiquito», asegura. En esa misma cita -marzo de 2019- ven el estado de la RVI y comprueban que la de Josefa no está en Saïdia. Vuelve a ir a Campanar y otra vez a Saïdia. Pero a su hijo le vuelve a salir un contrato. Lo llaman el 16 de abril para cubrir una baja de dos meses. Su contrato acabará en julio pero en ese tiempo resuelven la RVI de Josefa y se la deniegan porque en ese hogar sí hay ingresos.
«Y así hasta ahora. Ha pasado un año y si no hubieran extraviado mis papeles ya estaría cobrando la RVI. He hecho todo lo que me han pedido. A mis 62 años no paro de realizar cursos de formación y orientación laboral. No me han dado la ayuda de emergencia ni la RVI. Ni me ayudan a presentar un recurso ni me han ayudado a nada», lamenta.
Y es que, tal como recoge el informe de la comisión de mejora de los centros municipales de Servicios Sociales que ha publicado Levante-EMV y data de abril de 2019, el sistema «está colapsado». De hecho, la memoria de los Servicios Sociales de 2018 reconoce listas de espera de hasta más de dos meses solo para pedir información.
Críticas de Catalá y Giner
El portavoz de Ciudadanos en el ayuntamiento, Fernando Giner, no da crédito a la situación que viven los usuarios de los Servicios Sociales de la ciudad y por ello le propone al alcalde Joan Ribó la creación de una tarjeta monedero para agilizar el pago de las ayudas de emergencia, que se abonan semanas después de ser aprobadas por el «colapso» del sistema. Giner censura, pues, las «trabas burocráticas» a las que los demandantes de ayudas sociales se ven sometidos. «El exceso de papeleo tapona la tramitación de las de las ayudas de emergencia, que se deberían de otorgar de manera inmediata», afirma.
Por su parte, el concejal electo de Ciudadanos, Javier Copovi, destaca que «desde Cs se aboga por promover servicios sociosanitarios cercanos y accesibles a todos los ciudadanos con una modernización de los servicios sociales municipales» así como por dar «la máxima celeridad en la tramitación de la renta de inclusión, eliminando trabas burocráticas en coordinación con la Generalitat Valenciana».
También la portavoz del PP, María José Catalá, recriminó al Govern de la Nau que las ayudas a domicilio que concede el ayuntamiento cuenten con un retraso de más de un año. Más aún teniendo en cuenta que, según datos de la Oficina de Estadística municipal, hay «43.124 personas de 64 años que viven solas (un 5,4 % de la población total), de las cuales el 76 % son mujeres.
