El Defensor del Pueblo ha recomendado al Ayuntamiento de València publicar en versión bilingüe las actas de las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local, tanto en la web municipal como en el Tablón de Edictos y otros medios de divulgación exigidos por la ley, «de manera que nadie pueda ser discriminado por esta causa».
Esta recomendación, recogida en el informe anual 2018, surge por una queja por el problema de «cohonestar» respeto al derecho de los miembros de la Corporación a utilizar la lengua que deseen en las intervenciones que hagan en los órganos colegiados del Pleno y de la Junta de Gobierno Local, y que ello se recoja así en las correspondientes actas de esas sesiones, con la observancia del derecho de los ciudadanos en general a conocer o a entender el contenido de esas actas.
Al respecto, el Defensor del Pueblo recuerda que el artículo 124 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, establece que las actas se redactarán «en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma respetando en todo caso la lengua utilizada por el interviniente», de forma que «si las sesiones se desarrollan exclusivamente en valenciano, porque los intervinientes en ellas no usen el castellano, las transcripciones se deberán hacer en la lengua vernácula valenciana».
Por tanto, la institución ha aclarado que dada la «flexibilidad» permitida en la legislación, la actuación desarrollada por el ayuntamiento sobre cómo se vienen redactando las actas de los plenos o de las sesiones de la Junta de Gobierno Local «no ha supuesto una vulneración de la misma».
Lesionar derechos
Sin embargo, el Defensor del Pueblo recuerda que «algunos ciudadanos desconocen el valenciano» y que «no pueden ver sus derechos lesionados si esas actas se publican tal cual, es decir, si se publican sin traducirse al castellano las intervenciones del alcalde o de los concejales que hubiesen sido hechas en esa lengua vernácula».
Por tanto, el Defensor del Pueblo entiende que «hay que interpretar esa normativa teniendo en cuenta la realidad social existente», dado que «hay que tener presente que muchos ciudadanos que no residen en ese municipio, y otros que sí, no comprenden el valenciano». «No olvidar que todos tienen derecho a acceder a la información pública», dice.
En ese sentido, dice ser consciente del esfuerzo económico que supondría configurar su web oficial para que las actas sean publicadas en las dos lenguas cooficiales.
Sin embargo, «no puede olvidar la misión primordial que se le ha encomendado de defender los derechos fundamentales de todos los ciudadanos entre los que están los lingüísticos».
