La voz de alarma la lanzó el martes la Federación de Asociaciones de Vecinos de València (FAAVV) que, con motivo de una nueva edición de la Semana Ciudadana, ha puesto sobre la mesa un problema cada vez más habitual entre sus federados: la falta de recursos económicos para atender lo básico, es decir, desde pagar un recibo de la luz o agua, o el propio alquiler de un local. El resultado es que algunas se reúnen en situación precaria, como la de Fonteta, y otras han renunciado o renunciaron hace años a contar con su propio bajo porque no lo podían sufragar, como Malilla o Camí Real.
«Es un problema más habitual del que pensamos, por desgracia», explica María José Broseta, presidenta de la FAAVV. «En los últimos tiempos hemos sabido que asociaciones como las de la Malva-rosa, Bulevar Sur, Malilla, El Grau, Benicalap, Polo y Peyrolón o Patraix, por enumerarte algunas, han tenido o tienen problemas para afrontar los pagos y mantener un local de reunión abierto. En muchos casos estamos hablando de alquileres que rondan los 300 o 400 euros mensuales en los mejores casos, mientras que las cuotas anuales se sitúan entre 24 y 30 euros, haciendo cálculos altos. Con esos recursos es muy complicado mantener una infraestructura mínima», lamenta Broseta.
En una primera estimación, un 20 por ciento de los entidades vecinales agrupadas en la FAAVV tienen algún tipo de problema relacionado con su local de reunión. Una decena de ellas estaría atravesando verdaderas dificultades. La presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de València recuerda que en otros municipios existen programas de ayudas para el pago de alquileres de locales sociales cuando el consistorio no puede ceder un inmueble de su propiedad gratuito.
En el terreno de lo concreto, Alfonso Cortés, presidente de la AVV Malilla, confiesa que tuvieron que dejar su local ante la imposibilidad de pagar mensualmente 350 euros. Y ahora vuelven a solicitar al Ayuntamiento su colaboración. «Tienen dos alquerías restauradas en el parque de Malilla sin uso. Ya pedimos que nos cedieran una, pero nos dicen que nos pongamos a la cola porque hay muchas peticiones. Se llenan la boca de promover el asociacionismo, pero a la hora de la verdad no se fomenta», lamenta.
Mientras, Daniel Herrero, presidente de la AVV La Fonteta de Sant Lluís narra las penurias por las que pasan en su entidad. «La sede la tenemos en un antiguo vestuario del desaparecido campo de fútbol que había en el barrio, que nos cedió en su día la Fundación Deportiva Municipal. Son menos de 20 metros cuadrados y curiosamente no tiene agua ni cuarto de baño. La asociación tuvo que hacerse cargo de la instalación de luz eléctrica y de reparaciones para poner al día el local», señala el representante vecinal. «Desde hace tiempo hemos pedido otro local al Ayuntamiento, pero no tienen ninguno disponible. Es curioso por la Diputación de València tiene una casa cerrada hace casi 30 años y tampoco nos la cede porque no está acondicionada», lamenta Herrero.
Por su parte, Rosa Rodríguez, de la AVV Sant Vicent Ferrer, en Camí Real, cuenta que su entidad tuvo que abandonar el local que tenían hace años por no poder hacer frente a las cuotas y que hoy en día se reúnen gracias a la bondad de una ONG que trabaja en el barrio. Lamenta que para el Ayuntamiento de València «no existimos». «Nuestro barrio es pequeño y da pocos votos, por lo que nadie viene aquí a conocer nuestros problemas», se queja la presidenta de la entidad. «Así que ni nos molestamos en pedir un local al Ayuntamiento, porque no creo que nos haga caso», se resigna.
Para Rosa Rodríguez es complicado mantener viva la llama del movimiento vecinal en esas condiciones. «A veces cuesta mucho cobrar la pequeña cuota de la asociación y, lamentablemente, la mayor parte de las personas que la formamos somos mayores, porque los jóvenes tienen sus trabajos y familias que les dejan poco tiempo para estas cosas», dice.
