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València pide a Dalmau competencias para regular ya el precio del alquiler

El alcalde considera que la Ley de la Función Social de la Vivienda es el instrumento más rápido

Edificio de alquiler de viviendas en el centro de València. m. a. montesinos

El alcalde de València Joan Ribó quiere regular el precio del alquiler de la vivienda como ha hecho Berlín, pero para ello cree que es esencial que la Generalitat Valenciana active ya la Ley de la Función Social de la Vivienda, con la que el «cap i casal» adquiriría la competencia para fijar un precio máximo en los arrendamientos urbanos.

Paralelamente, fuentes de Alcaldía recuerdan que Ribó mantiene «intacto» su compromiso de construir 900 viviendas para alquiler asequible, un plan que se basaría en levantar 600 pisos mediante la colaboración público-privada, a través de la constitución de una empresa mixta, y otros 300 apartamentos con la empresa pública Aumsa mediante la financiación del Banco Europeo de Inversiones, dinero que ya se ha solicitado.

Ribó considera que ambas opciones, la de adquirir competencias para regular el precio por ley y la de ofrecer un parque de vivienda pública de alquiler, son importantes para evitar una nueva burbuja inmobiliaria, sin embargo considera que la primera vía es mucho más rápida que la segunda, que aún tardará un tiempo en concretarse.

«Solo pedimos tener el instrumento y la capacidad para actuar sobre el precio del alquiler, porque creemos que existe una emergencia habitacional que los representantes públicos debemos solucionar. Si el Estado no lo hace a través de la Ley de Arrendamientos Urbanos, la Generalitat tiene la capacidad de desarrollar el contenido de la Ley de la Función Social de la Vivienda aprobada en 2017. Los representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ya se lo recordaron hace unos días al nuevo conseller de Vivienda en una primera reunión», explican fuentes de Alcaldía, en referencia al encuentro que mantuvo Rubén Martínez Dalmau con el colectivo antidesahucios. No hay que olvidar que la sintonía de Compromís con Podem en esta materia puede acelerar esta aspiración tanto de la formación valencianista como la morada.

Según diversos estudios de inmobiliarias privadas, el precio del alquiler en València ha aumentado hasta un 42 por ciento en los últimos cuatro años, y en 2018 esa subida fue del 10 %. Esta presión en los precios ha tenido especial incidencia en barrios como Benimaclet, Russafa, Ciutat Vella y el Cabanyal.

Ribó quiere que sea vinculante el Índice de Precios de Referencia elaborado por el Observatorio del Hábitat y la Segregación Urbana. Con esta referencia, se podrá poner límite a las subidas desmesuradas, considera el alcalde. De hecho intentó llevar al último Pleno del anterior mandato una moción en este sentido, pero la tensiones preelectorales obligaron a retirar la propuesta.

Desde su partido, Compromís, explican que complementarían estas acciones con la propuesta de incrementar el control de los apartamentos turísticos en la ciudad reforzando el departamento que se encarga de ello, la sección de inspección de la Generalitat Valenciana. El objetivo es que estos apartamentos no incrementen los precios del alquiler de las viviendas destinadas a uso habitual.

La iniciativa de Berlín de congelar el precio de la vivienda de alquiler los próximos cinco años sigue el camino ya emprendido por otras ciudades y países como Italia, Portugal, Austria y Suiza, además de Alemania, que en sus leyes recogen medidas específicas para evitar el desmesurado aumento de los arrendamientos urbanos.

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