Hace meses que los buitres sobrevolaban la casa de Aida G. sin que ella lo supiera. En concreto el fondo de inversión Cerberus. Tiene 32 años, un menor de 11 años a su cargo y un contrato de alquiler social en Benicalap que acaba este jueves, según le notificaron con un burofax que le dejaron en el buzón a finales de abril. En todo este tiempo es la única información que tiene. Sabe que no le renovarán su contrato y que debe abandonar su casa hoy mismo.

Al principio no entendía por qué la inmobiliaria se negó a ampliar su contrato de alquiler: «Yo he estado pagando todos los gastos desde que empezó el contrato sin ningún problema, no comprendía por qué se negaban a renovarme». La razón de fondo es que la inmobiliaria Sogeviso, propiedad del Banco Sabadell, que ha sido contactada por este periódico pero no ha querido hacer declaraciones, había vendido su inmueble a un fondo buitre en pleno proceso de renovación del alquiler social. A partir de entonces, Aida comenzó una carrera contrarreloj que acabó en un callejón sin salida. Sin alternativa habitacional de ningún tipo, tan solo le queda la okupación.

Todo comenzó el día que recibió el burofax, en ese momento, esta vecina de Benicalap comenzó a moverse. Se apuntó en el EVHA (Entitat Valenciana d'Habitatge i Sol), también en infohabitatge, se asesoró con abogados del Servei d'Intervenció en la Pèrdua d'Habitatge i Ocupació (SIPHO), incluso acudió a la PAH o colectivos vecinales como Entrebarris para conocer experiencias similares a la suya y saber cómo reaccionar. Todo con la esperanza de encontrar una alternativa habitacional asequible para ella y su hijo.

Tras agotar la vía de Servicios Sociales, donde la lista para acceder a un alquiler social puede ser interminable, decidió probar suerte en las inmobiliarias. Allí las condiciones que le pedían eran incompatibles con su inestabilidad laboral: «Tu vas a una agencia y te piden mínimo tres nóminas, con una directamente no te enseñan nada». A día de hoy ella sigue buscando alternativas habitacionales. Pero la única salida para Aida, según le indicaron desde servicios sociales, es quedarse en su piso.

En el día que marca el final de su contrato, no sabe nada de su nuevo propietario estadounidense, tampoco de Solvia, la entidad que se encargaba de su alquiler social antes de venderlo. «A día de hoy todavía estoy esperando a que me llamen para que entregue las llaves del piso, para que me devuelvan la fianza del alquiler o para firmar un fin de contrato? No se han puesto en contacto conmigo para nada», asegura.

La falta de información que tiene Aida es posiblemente lo que más le pese. No ha podido negociar con Cerberus, ni siquiera ha sido posible ponerse en contacto con ellos, del burofax hacen ya dos meses y sabe exactamente lo mismo que el primer día. Desde Sogeviso, tampoco le dan ninguna información: «Lo único que me dicen es que ellos solo se encargan de mandar el burofax y decir a la gente que se tiene que ir, no me pueden contar nada más», señala. Sin información de ningún tipo y a falta de alternativas habitacionales dignas, Aida esperará a que Cerberus denuncie a su inquilina. Desde la PAH y Servicios Sociales le han advertido que este tipo de fondos no son muy dados a negociar, pero no le queda otra opción. «Hasta que me tiren a la fuerza yo tengo claro que me voy a quedar aquí, lo único que sé es que el día 11 me voy a quedar y pasaré a ser okupa».