La oposición en el Ayuntamiento de València ha criticado que el gobierno municipal «limita» y «amordaza» sus derechos al reducir el número de asesores, de preguntas escritas al pleno y de miembros en las comisiones.
Tras la Junta de Portavoces celebrada ayer, que coincidió con el acuerdo de gobierno entre Compromís y PSPV, los portavoces de los grupos de la oposición aseguraron que el gobierno municipal «ha pasado el rodillo».
La portavoz del PP, María José Català, explicó que se ha hecho una nueva distribución de asesores que perjudica a la oposición y se ha limitado el número de preguntas escritas dirigidas al pleno, lo que supone «vulnerar derechos fundamentales» en relación a la labor de fiscalización de los grupos de la oposición.
La portavoz popular no ha descartado que el PP lleve a los tribunales esta cuestión u otras que «supongan una merma» de derechos y «amordazar» a la oposición.
Respecto al pacto entre Compromís y PSPV para gobernar, Català aseguró que esos grupos «no saben las delegaciones ni los integrantes de las comisiones ni cómo constituir el gobierno».
Pasar el rodillo
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, también aseguró que con las decisiones adoptadas en cuanto al número de preguntas escritas y el número de asesores, que ha calificado de «sectarias», «se hace el rodillo» a los grupos de la oposición.
A su juicio, el pacto de gobierno «nace desde la desconfianza» y se ha alcanzado «recibiendo órdenes» de la Generalitat y de la Diputación para «repartirse los sillones».
Desde el grupo municipal de Vox, su portavoz, Pepe Gosálbez, dijo que a València le esperan «cuatro años de dictadura radical de la izquierda», y mostró su malestar por el espacio asignado al grupo y por el que se siente «maltratado».
En concreto, explicó que se otorgan 28 metros cuadrados por concejal (Vox tiene dos) mientras que a otros se les dan más de 40 metros.
